«Vivimos una época de renuncia a la memoria. Todo contribuye a ese holocausto del recuerdo. Nuestras identidades se construyen con materias pobres, recuerdos escasos y memorias vacías» (Michel Onfray).

Desde hace algunas semanas se están escuchando voces críticas, provenientes de los sectores inmobiliario y de la construcción, contra el Catálogo de Edificios actualmente en tramitación por el Ayuntamiento de Alicante. Nada extraño dentro de la lógica empresarial de esos sectores que siempre suelen mirar de reojo las limitaciones y regulaciones implantadas desde la Administración, máxime cuando apenas hemos salido de una larga temporada en la que estos sectores gozaron, lo que no es un secreto para nadie, de la aquiescencia, por no decir complicidad, de los poderes locales y autonómicos. Por tanto no es extraño que desde esas posiciones se discuta duramente y se busquen resquicios jurídicos contra el citado documento para desautorizarlo, sin entrar nunca en el verdadero problema de fondo que no es otro que la defensa del Patrimonio Urbano y Arquitectónica de la ciudad, del que ésta, desgraciadamente, no puede estar orgullosa.

Pero lo que sí llama poderosamente la atención son las declaraciones en el mismo sentido de las cabezas visibles de los colegios de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos (INFORMACIÓN, 12-10-2016), uniéndose a la crítica de los empresarios, dejando también totalmente de lado la urgencia de la defensa del patrimonio arquitectónico de la ciudad, que debería de constituir una de las finalidades de estas instituciones que a menudo hacen gala de su compromiso con la sociedad.

El delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos se permite una serie de afirmaciones acerca de la protección del barrio portuario de Heliodoro Madrona que exigen una respuesta. Este barrio es una de las pocas colonias obreras de la provincia, pertenece por tanto a la memoria industrial de esta tierra. Las viviendas del barrio fueron proyectadas por el conocido arquitecto Juan Vidal (autor, entre otros, de la Diputación, edificio Carbonell y el edificio de la sede central de la extinta CAM en la calle San Fernando) y por la originalidad de sus aspectos constructivos y tipológicos merecen su protección. Además, el emplazamiento del barrio Heliodoro Madrona en el interface entre la ciudad y el puerto constituye una oportunidad para que, debidamente rehabilitadas y dotadas de un uso público, favorecerían la necesaria articulación entre los espacios urbanos y los portuarios de poniente. Al contrario de lo que sostiene el delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos, las viviendas de este barrio no están en ruina como demostró el arquitecto Manuel Ayús hace un par de años salvándolas de la piqueta, ya que las intenciones de la Autoridad Portuaria era la de declararlas todas en ruina para de ese modo desalojar a los residentes que quedaban y poder derribarlas impunemente.

¿Quién habla en nombre del patrimonio de la ciudad?, ¿quién defiende su memoria herida por mil tropelías? Por muy discutible que sea la actuación municipal en la revisión del catálogo de edificios protegidos, hay que reconocer que la Concejalía de Urbanismo ha asumido con responsabilidad su protección ante un posible levantamiento de suspensión de licencias derivada del catálogo vinculado al Plan General retirado por la última corporación del PP que, en caso contrario, podría haber tenido unos efectos irreversibles sobre lo poco que queda del patrimonio arquitectónico y urbanístico de nuestra ciudad. Ante la urgencia de los plazos para evitar ese levantamiento de suspensión se ha tenido que trabajar contra el reloj lo que, evidentemente, está afectando al contenido y desarrollo de los trabajos de catalogación.

No obstante, hay que subrayar que el Ayuntamiento debería de haber gestionado de un modo más participativo el proceso de redacción e información al público del catálogo, abriendo un debate con la sociedad civil, en el que se podría haber aclarado algunos extremos del nuevo catálogo que pueden ser discutibles y, además, hubiera sido una oportunidad para que los ciudadanos pudieran conocer y valorar nuestro patrimonio, o lo que todavía se pueda rescatar del mismo. Finalmente, también nos sorprende que en todo este proceso en torno al Catálogo de Arquitectura de la ciudad no esté implicada la Concejalía de Cultura que, si nos apuran, en esta cuestión debería tener más implicación que Urbanismo, porque el patrimonio arquitectónico y urbanístico es la forma material que adopta nuestra memoria colectiva y nuestra identidad cultural.

(*) Firman también este artículo Manuel Marco, Isidoro Manteca, José María Perea y Pepe López, miembros de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas.