Los presupuestos evidencian los verdaderos intereses de un gobierno. Al margen de promesas, todo aquello que no cuente con financiación quedará sin ver la luz. De ahí que, cuando determinadas políticas públicas ven disminuida su dotación económica, acaben condenadas al fracaso. Un problema aún más sangrante si afecta, como es el caso, a la población más desprotegida y vulnerable. No es muestra de progresía ni de gestión responsable. En absoluto.
El anteproyecto de la Ley de Presupuestos, remitido por el Consell a Les Corts, contempla un incremento del 3% en la financiación sanitaria. Siempre es una buena noticia, pese a que la subida sea bastante inferior a la experimentada en el año anterior. No obstante, el trato ha sido desigual para los distintos programas gestionados por la conselleria de Sanidad. Llama la atención que, en este escenario de crecimiento, sólo dos programas asistenciales pierdan apoyo: drogodependencias y salud mental. Vuelven los recortes para los más necesitados. Ajustes que deberían ser analizados con mayor detalle y corregidos en la tramitación parlamentaria, que para eso están sus señorías.
Cuesta comprender que en un contexto presupuestario expansivo, o cuando menos estable, se cometan estos fallos. Digo fallos porque, de no ser así, habría que aceptar que existe desinterés por parte de los responsables de la sanidad pública valenciana. Me resisto a asumirlo. La atención a la salud mental y a los enfermos crónicos se reduce un 1.3% respecto al presupuesto de este año. Una propuesta que hace dudar de la viabilidad de la Estrategia de Salud Mental 2016-2020, recién presentada por la Conselleria de Sanidad. Un plan sin financiación es poco creíble. Ciertos es que los medios dirigidos a atender las enfermedades mentales también proceden de otros programas presupuestarios. Ahora bien, el interés de Sanidad queda en entredicho cuando, al tiempo que se prometen mejoras, se disminuye la dotación económica que debería sustentarlas. Tirando del refranero, cabe recordar aquello de que «don sin din, cojones en latín». Da la impresión de que, una vez más, todo puede acabar en papel mojado.
Lo de las actuaciones en materia de drogodependencias resulta todavía más complejo de entender. Reconozco que el tema me duele especialmente, pero no tengo interés en criticar sino en advertir. Incluso en rogar cordura para que no acabemos por destrozar aquello que funciona. No hay programa presupuestario en Sanidad que, con tan escasos medios, ofrezca tantos resultados. O no se han dado cuenta o la mediocridad sigue instalada en Sanidad, inmune al cambio político.
De no corregir el daño, este programa sanitario será el único que sufra recortes en los dos presupuestos presentados por el actual gobierno autonómico. Un detalle que debiera despertar la conciencia de sus responsables. No puede mostrarse mayor desidia ante un problema que, año tras año, sigue creciendo. Estar a la cabeza de España en el consumo de sustancias como el cannabis o la cocaína -somos la tercera comunidad autónoma- no es señal de buena salud. Que la tasa de tratamientos sea la cuarta del país, indica que la necesidad continúa siendo igual o más intensa que hace décadas. Una realidad que no concuerda, para nada, con la reducción presupuestaria prevista por Sanidad.
Disminuir los fondos destinados a las drogodependencias -en un nada despreciable 6.3%- conlleva perpetuar el maltrato recibido por los últimos gobiernos populares. La caída viene sucediendo desde el año 2006; por tanto, el socorrido argumento de la crisis económica no es el único factor que justifica este descenso. Descontando la inflación, el presupuesto ha disminuido en más de un 35% desde entonces. Tal ha sido el cataclismo que las cuentas que ahora presenta Sanidad, para atender y prevenir las drogodependencias, ¡son las más bajas de los últimos veinte años! Sinceramente, dudo que hayan caído en el detalle y aquí sí cabe reprobar a los responsables. Si consideramos el incremento en el coste de la vida, la cantidad prevista para el próximo ejercicio no alcanza al 80% de la disponible hace dos décadas. Difícil, cuando no imposible, será seguir dando respuestas adecuadas a las necesidades.
Los datos que ofrece la propia conselleria evidencian la necesidad de incrementar la dotación de plazas en centros de día y comunidades terapéuticas. Necesidades que no encuentran una respuesta congruente en un presupuesto que sigue menguando. Los recortes en drogodependencias ponen en riesgo programas básicos que, si bien no ofrecen la visibilidad que suelen desear los políticos, sí aseguran la estabilidad de todo el sistema de atención y prevención. Son esas acciones que no lucen pero que solventan algunos de los más graves problemas que implica la adicción a las drogas.
Me cuentan que hay intención de prescindir de organizaciones como Cruz Roja, que vienen siendo fieles colaboradores de la administración autonómica. Al parecer, algún alto cargo de Sanidad considera que tratar a los heroinómanos de mayor complejidad terapéutica es demasiado caro. Qué peligro, jugar con fuego por el único interés de ahorrar unos costes ridículos. Integrar los tratamientos con metadona en los hospitales -eso es lo que se propone, para ahorrar aquí y poder gastar en otros programas- es una excelente idea, pese a que conlleva resistencias que no siempre llegan a ser vencidas. Sin embargo, suprimir otros servicios como la atención a los adictos con más necesidades -Cruz Roja es mucho más que un centro dispensador de metadona- constituye un error de difícil solución posterior.
A la vista de la situación, los responsables de la sanidad valenciana no dan muestras de disponer de un acertado diagnóstico de la situación. La atención a las drogodependencias, como a la salud mental, apenas precisa de un mínimo apoyo para beneficiarse de un cambio radical. Volver a los recortes sería, sencillamente, una decisión estúpida e inmoral.
