02 de noviembre de 2016

Reformas que hacer ya en el parlamento

02.11.2016 | 03:53
Reformas que hacer ya en el parlamento

Con un año de retraso parece que en breve empezará a funcionar la actividad parlamentaria para tramitar proyectos de ley que vengan del poder ejecutivo, aunque puede que los equipos técnicos de los ministerios ya han ido elaborando, o trabajando en ellos en esta situación de parón político que hemos padecido durante el último año. Una circunstancia que motivará que el año 2016 va a pasar a la historia del Parlamento español, y quedará para los anales de la historia, como el año de peores resultados legislativos. Por ello, los deberes de temas para poner en marcha se deben amontonar en las mesas de los encargados de redactar qué es lo urgente por encima de lo «menos urgente». Lo que pasa es que urgente ahora es casi todo después de una «sequía» de un año.
Para empezar, en el ámbito de la justicia, y tras un último año 2015 de la pasada legislatura absolutamente frenético en la aprobación de normas legislativas, nos encontramos con temas de urgencia que deben salir ya, por cuanto tras los estudios que se han elaborado por los sectores profesionales que trabajamos en el ámbito de la lucha contra la violencia doméstica y de género, como el Observatorio del CGPJ, es preciso afrontar muchos temas que están fallando, la mayoría técnicos y que por ello no vamos a señalar aquí, pero que ampliarían el ámbito de protección de las víctimas; uno de ellos elaborar un programa de información a víctimas obligatorio por la Administración por el que ante cualquier reforma legal que se apruebe y que afecte a las víctimas de malos tratos exista un canal de acceso sencillo y ágil por el que de forma gráfica, clara y entendible las víctimas puedan comprender en qué consiste la reforma que se ha aprobado y qué debe hacer para beneficiarse de la misma. Y cierto y verdad es que durante el año 2015 se aprobaron algunas de relevancia, pero quedaron muchos temas que resolver en el tintero.
También es fundamental que se apruebe, de una vez por todas, la nueva Ley de Propiedad Horizontal que data la actual del año 1960. Una Ley que ha sobrevivido 56 años con parche tras parche y que está desactualizada ante la cambiante realidad de nuestra convivencia en comunidad y ante los avances técnicos que hace preciso clarificar sobre cómo regular y resolver los múltiples problemas que la convivencia en este régimen exige. No es posible que el 90% de los ciudadanos que vivimos en este régimen tengamos una Ley que nadie entiende, que muchos no aceptan, que no da respuesta a los problemas jurídicos y técnicos que existen y sobre la que los técnicos jurídicos y de distintas profesiones exigen una Ley nueva, que no su reforma parcheada como ha ocurrido hasta ahora. De suyo, en el reciente Congreso Nacional de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas Colegiados celebrado en Sevilla el pasado mes de junio se presentaron unas pinceladas acerca de por dónde podría ir la futura ley, por lo que si jueces y administradores de fincas estamos de acuerdo en que hace falta una ley nueva, y no una técnica de parches, la mejora en la convivencia se verá potenciada si esta Ley ve la luz en la presente legislatura, porque parece ser el «patito feo» de cada legislatura que nadie afronta y que nadie quiere acometer, cuando los ciudadanos viven en comunidad con un régimen legal del año 1960.
La Ley de mediación penal es otra reivindicación imprescindible, porque la justicia penal y las víctimas del delito que quieran acudir a la mediación requieren de una Ley que se quedó en el tintero de la pasada legislatura y que no dio tiempo a sacar. Esta Ley daría mucho trabajo a abogados, criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales, procuradores, economistas, enfermeros, arquitectos, aparejadores, ingenieros y médicos, todos ellos profesionales que pueden realizar la formación obligatoria en mediación penal para estar en disposición de ofrecer su trabajo para desatascar los juzgados penales del colapso existente y dar satisfacción a las víctimas, ya que en la actualidad se ha habilitado el uso de la mediación, pero sin ley habilitante que regule cómo llevar a cabo su uso en la práctica, porque nada menos que dos millones de asuntos al año podrían derivarse a la mediación penal. También se hace preciso acometer la reforma de la Ley de mediación de 2012 para hacerla obligatoria en muchos temas, porque esta idea puesta en marcha hace cinco años no está funcionando y aunque podría haber dado a muchos puestos de trabajo de profesionales con ganas de poner su trabajo para actuar como mediador sigue parada esta idea por el erróneo voluntarismo con el que partió.
También hace falta un Código Procesal penal que sustituya a una Ley procesal penal centenaria, parcheada y obsoleta. Los ciudadanos se quejan a veces de que la justicia no funciona, pero yo creo que si se nos hiciera un poco de caso a los que en ella trabajamos, el sistema público funcionaría mejor con leyes adaptadas a nuestra realidad. En definitiva, y entre otros temas que la falta de espacio nos impide tratar, con mejores leyes se hace mejor la justicia, pero también el resto de servicios públicos funcionan mejor. Por ello, muchas cosas que hacer en el Parlamento y, además, urgentes ante el año perdido que llevamos. A recuperarlo, pero ya.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine