Tengo la sensación de que el Consell no está sabiendo medir las consecuencias que puede tener su estrategia de asalto a los presupuestos de las diputaciones. Empezó vía decreto pellizcando las cuentas provinciales para financiar su política turística y de deportes y ahora amenaza con darle otra vuelta de tuerca, de nada menos que de 13,5 millones de euros, a César Sánchez para sufragar un fondo de Cooperación Municipal dotado con 80 millones para las tres provincias. Y no lo digo porque la intención de coordinar políticas y aunar esfuerzos entre administraciones me parezca mal, todo lo contrario; pero este proceso, para ser aceptable y que no se traduzca en acoso por parte del Ejecutivo que preside Ximo Puig a las instituciones que no están bajo su control, caso de las diputaciones de Alicante y Castellón, debe plantearse en plano de igualdad, dejando que todas las partes que ponen de sus presupuestos tengan la capacidad de decidir cómo, cuánto y en qué dirección. Si lo que impera es el ordeno y mando y no se da la palabra a las administraciones provinciales para que participen en determinar qué políticas se implementan, todas las decisiones que se tomen desde el Palau de la Generalitat sólo pueden ser interpretadas como una intervención de las cuentas provinciales para sufragar iniciativas del Consell que no tienen, dada la situación de las arcas públicas, otra forma de costearse. Y decía al principio de esta columna que me daba la impresión de que no se está sabiendo medir las consecuencias porque esta forma de actuar sólo puede conducir a exacerbar sentimientos de agravio y dar alas a cantonalismos que en nada contribuyen a articular la Comunidad Valenciana. Además, no conviene que se den pasos en falso en este terreno porque hoy por hoy la realidad es que la Generalitat es una institución centralista, demasiado alejada y que aún tiene que demostrar más sensibilidad hacia los problemas que exceden del área metropolitana del cap i casal. Las diputaciones, y en este caso la de Alicante, podrían ser un vehículo excelente para acercar la administración autonómica a los ciudadanos en un territorio donde la comarcalización fracasó y no existe, pero para ello es requisito imprescindible que se trabaje desde la cooperación y no desde la imposición.
