La representación política se articula a través de los partidos políticos y pese a que éstos sean considerados como un problema para los ciudadanos según nos indica el CIS mes a mes, no pueden ser sustituidos y son indiscutibles instrumentos fundamentales de mediación política.

El grupo parlamentario o la proyección del partido en el Congreso, divide en dos la relación representativa, por una parte, la relación, partido-diputado y por otra parte la relación partido-elector. La primera relación se caracteriza por una vinculación imperativa entre el partido y el diputado (la disciplina de grupo), ajena al elector. La segunda relación sí incluye al elector y se caracteriza por la independencia y en ella reside la relación representativa.

La disciplina de partido supone un grave ataque al artículo 67.2 de la Constitución que prohíbe el mandato imperativo. Los diputados representan a toda la nación y por ello no deben estar sujetos a «órdenes o instrucciones» de ningún tipo. Precisamente y en base a esta fundamentación constitucional se ha permitido políticamente durante muchos años el transfuguismo porque ya en 1983 el Tribunal Constitucional sentó su Doctrina de que el acta parlamentaria no pertenece al partido sino al parlamentario. Sin embargo los Reglamentos del Congreso y Senado «obligan» a los diputados y senadores a adscribirse a un grupo parlamentario y a partir de ese momento, deben someterse a las directrices del portavoz del grupo.

Existe una doble forma de entender la representación, la teoría del mandato y la teoría de la independencia, No es verdadera representación, dice la teoría del mandato, si el representante actúa de tal modo, que no refleja los intereses del representado. No es auténtica representación, dice la teoría de la independencia, si el representante no puede actuar según su propio juicio. Este es el dilema que encontramos en estos momentos en el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados. Se les ha obligado a votar en un determinado sentido, que en el fondo y en su última esencia es contrario a lo que debieran haber votado según el mandato que le dieron los electores en las últimas elecciones de junio. Si los votantes socialistas hubieran querido un Gobierno del PP, no necesitaban votar PSOE. Sin embargo las circunstancias sobrevenidas a las elecciones de junio, la dificultad de la conformación de Gobierno, las temidas posibles alianzas de Pedro Sánchez en su búsqueda de aliados para un Gobierno alternativo y la imposición de una Gestora que derrotó a la ejecutiva del candidato del PSOE ha provocado que se pidiera al Grupo Parlamentario Socialista la «abstención» en la investidura de Rajoy. A los que no han obedecido y han votado «en conciencia» se pueden ver en la tesitura de ser expulsados del grupo. No creo que la Gestora sea tan insensata, no están en condiciones de hacer más destrozo con un partido histórico que ha tenido una importancia crucial en el desarrollo de nuestra democracia, y que hoy apenas es reconocible. Pero llegado el caso de que optaran por la expulsión cabría preguntarse si los diputados díscolos son los que han defraudado a los electores o si precisamente fue al revés, y los que se han manifestado «dignamente» en el grupo parlamentario son los que han «traicionado» a los votantes.