Tripartito: hacia el punto de no retorno

18.10.2016 | 03:41

Podemos no tiene voz en el Ayuntamiento de Alicante pero las decenas de miles de votos que aportamos en su día a la confluencia que sostiene al gobierno municipal no adolecen de mutismo político. El pasado debate sobre el estado del municipio puso de manifiesto muchas cosas pero sin duda la fundamental es que nuestro alcalde no tiene asumido que recibió el mandato de liderar una coalición a tres bandas para cambiar la política municipal que había desarrollado durante veinte años el Partido Popular. Borrarse de un debate de esta naturaleza es imperdonable políticamente. Los rigores presupuestarios a que somete la ley Montoro del Partido Popular a nuestra Corporación Municipal pretenden hacer tender a cero su capacidad de resolver problemas. El único modo de romper este cerco habría sido una decidida voluntad política de sumar fuerzas por el cambio, que no se aprecia en la actualidad. La incapacidad, por activa o por pasiva, del alcalde del PSOE para liderar y coordinar un equipo de gobierno, tiene como consecuencia el incumplimiento sistemático del programa de gobierno consensuado por el grupo municipal e incluso el suyo propio.
A estas alturas está ya claro que en Alicante no tenemos el Ayuntamiento del Cambio que deseaban nuestros votantes. La espantada que dio el señor Echávarri en el pleno, haciendo mutis por el foro, puede interpretarse como una escenificación de su desinterés por el futuro del Tripartito o, dicho de otro modo, como la puesta de manifiesto de que deja abiertas todas las posibilidades políticas a la espera de acontecimientos que precipiten su toma de postura. Ninguno de los escenarios previsibles en la nueva etapa política estatal o autonómica que se iniciará en breve juega a favor del fortalecimiento del pacto de gobierno municipal. La entrega por abstención del gobierno estatal al partido de la corrupción, opción defendida por un presidente de la Generalitat sumido en la esquizofrenia de encabezar a la vez un gobierno autonómico de coalición popular, debilitará más aún a un partido socialista desgarrado por sus dilemas internos. Unas elecciones anticipadas admitirían también una lectura de reválida de la acción de gobierno municipal en la que inevitablemente habría un choque frontal entre los componentes de la coalición trilateral.
La ventana de oportunidad que se abrió para la ciudad de Alicante con las últimas elecciones municipales despertando el entusiasmo de la ciudadanía por la posibilidad de repensar nuestra ciudad alejándola de los modelos corruptos de las últimas décadas, no ha dejado de ir cerrándose en los dieciocho meses transcurridos. Escaso ha sido el grado de consecución de objetivos, tales como la implicación de todos los órganos municipales hacia la igualdad de las mujeres, la lucha contra la violencia machista y del respeto a todas las orientaciones sexuales; la implicación decidida en la lucha contra la exclusión social; el análisis de propuestas de acción para la mejora de infraestructuras y dotaciones de nuestra ciudad; la mejora del medio ambiente; el apoyo real a la participación de la ciudadanía, bien individualmente o aún mejor por medio del apoyo al asociacionismo como ente canalizador; una línea clara de apoyo desde las competencias propias del Ayuntamiento a las áreas de educación y sanidad; el fomento de la creación de empleo con todas las competencias propias del Ayuntamiento; el trabajo específico y claro para facilitar la accesibilidad de la ciudad para todos sus habitantes; el respeto claro a la vida animal y a su integración en el entorno humano de ciudad; o la garantía de unos servicios públicos de limpieza, retirada de residuos y trasporte urbano de calidad.
Los debates sobre la ciudad se siguen centrando en cortinas de humo incompatibles con un debate profundo sobre las problemáticas estructurales que hacen de gran parte de Alicante una ciudad sucia y poco habitable que se desarrolla de espaldas a la gente, con manifiestas diferencias dentro del equipo de gobierno en cuestiones como la instalación de IKEA, la puesta en ejecución de la O/I 2, la libertad horaria, la regulación de la actividad del Puerto y de los veladores, el catálogo de protección o la remunicipalización de algunos servicios básicos para la ciudad, el nuevo reglamento de participación ciudadana, el autorreglamento de presupuestos participativos o la redacción del nuevo plan general. Todos ellos serán muy seguramente campos de batalla dentro del tripartito.
Si las políticas conservadoras en el gobierno central se confirman, las tensiones sociales irán en aumento. La institución municipal es la administración más próxima a la ciudadanía y será la primera en recibir la onda de choque de las demandas sociales. Ya se empieza a percibir, por ejemplo, un repunte de los desahucios y desalojos. La actuación estelar que esperábamos del área de acción social, sin embargo, se ve continuamente minada por desavenencias e indecisiones. O el tripartito pasa inmediatamente de ser un 1-1-1 a un trinomio que eleve la potencia de su acción política con resultados tangibles de mejora de la ciudad y de rescate a las personas, o el voto del cambio no podrá seguir confiando en él. Por su parte, la administración autonómica debería promulgar ya, entre otras, una Ley Valenciana de Vivienda Social digna de impulsar el cambio en la legislación estatal que nos lleve por fin a equipararnos a la legislación europea y, por supuesto, instar con firmeza a la administración central a que de un vez por todas se modifique la ley de financiación autonómica y se derogue la llamada «Ley Montoro», que mina la soberanía y autonomía municipal menoscabando su financiación. Pero mientras tanto hay una fecha de caducidad a la credibilidad del actual gobierno municipal: la de aprobación de los presupuestos municipales del 2017.

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