Crónicas del limbo

Desagües en el estado de derecho

17.10.2016 | 04:21
Desagües en el estado de derecho

Un reciente Auto de la Audiencia Provincial de Alicante desestima, como no podía ser de otro modo, la denuncia de dos concejales a un empresario y al Alcalde de un Ayuntamiento por presuntos delitos contra el medio ambiente. Al no ser los denunciantes personas directamente afectadas por tales presuntos delitos, el Tribunal, como ya hiciera el Juzgado, considera, con buen criterio, que los actores deben seguir la vía establecida por la ley en este tipo de supuestos y les insta a presentar querella así como a constituir la fianza correspondiente.

El caso no tendría mayor importancia si no fuera porque supone un ejemplo más, entre otros muchos que lamentablemente se producen, en los cuales la simple denuncia supone daños irreparables a la empresa denunciada, con el resultado, en este caso, de un ERE y más de veinte trabajadores arrojados a la calle.

Independientemente de la falsedad o no de la denuncia, asunto que siempre es posible dilucidar, la cuestión es que el clima actual de sospecha que se ha apoderado de nuestra sociedad contribuye a disparar las alarmas ante la más mínima actuación de denuncia, arrastrando consigo la estigmatización de cualquier ciudadano a quien, por este simple hecho, ciertos funcionarios y cargos públicos justicieros de distintas administraciones consideran acreedor de todo tipo de acosos en el curso de sus actividades. Aliándose con la lamentable tardanza de que hace gala la Justicia en nuestros días, y muy señaladamente en nuestro entorno, los denunciantes obtienen sus objetivos de publicidad, sin importarles el daño que puedan causar.

Por desgracia casos parecidos a éste abundan más de lo que se cree. Parece haberse instalado, como consecuencia de los cambios políticos en las distintas administraciones locales y autonómicas, la idea de que los fines personales y subjetivos de ciertos cargos públicos pueden situarse por encima de la ley, favoreciendo a amigos y clientelas, y perjudicando mediante diferentes vías (no contestar, inmovilizar expedientes, evitar resoluciones, etc.) a quienes no son miembros de su cofradía.

Hay que recordar que en el corazón de eso que se llama Estado de Derecho reside la máxima kantiana de que no se puede utilizar a las personas como instrumentos para alcanzar los fines propios, y que los primeros y fundamentalmente obligados a cumplir con las exigencias del Derecho son, en primer lugar, los gobernantes y las autoridades. Mal iríamos si la aplicación de las leyes, las cuales se pueden cambiar, con respeto, en todo caso, a la Constitución, quedase al albur del capricho de éste o aquél agente revestido de autoridad. Porque el daño que produce no sólo afecta al ciudadano que sufre la injusticia, sino a la sociedad en general.

Naturalmente hay cauces a disposición de la ciudadanía para enfrentar las arbitrariedades que proceden de aquéllos que deberían estar sujetos a la ley y velar porque ésta resplandezca. Procedimientos penales dolorosos que obligan a respetar derechos fundamentales. Pero más importante aún es reclamar mayor eficiencia y determinación de los tribunales para detectar y sancionar debidamente a aquéllos que se permiten administrar la justicia por su mano. Y sobre todo, ser conscientes de que la propia sociedad y los medios de comunicación deberían de ser los más interesados en que la Justicia no se convierta en justicia privada y el Derecho en un manual de preferencias políticas.

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