La tardanza en disponer de las correspondientes licencias de construcción que otorga la Concejalía de Urbanismo, tradicionalmente ha sido un problema constante; o al menos así lo han puesto de manifiesto históricamente los promotores. Dicho lo cual, no parece razonable cargar exclusivamente dicha tardanza sobre los hombros del señor Pavón; aunque es evidente que el problema en la obtención de licencias, desde que él asumió la responsabilidad del área, se ha agudizado considerablemente, lo que claramente induce a pensar que alguna responsabilidad debe tener en el asunto nuestro concejal, especialmente si no se toman medidas serias y eficaces para evitarla.
Observando el problema desde la barrera, resulta lógico establecer que las causas por las que las tramitaciones de las licencias vayan tan lentas como el caballo del malo y estén acabando con la paciencia del Santo Job, y consecuentemente también estén incidiendo negativamente en la actividad económica de la ciudad y en las arcas municipales, podrían ser las siguientes:
1.El protocolo establecido por el Ayuntamiento en la tramitación de las licencias que se está aplicando no es el adecuado, y su burocracia carece de la agilidad necesaria convirtiéndose en algo parecido a la espada de Carlo Magno.
2.Los recursos disponibles en el área de urbanismo en número, titulación y formación urbanística no son los adecuados (este aspecto habría que confirmarlo tras un profundo análisis del punto siguiente).
3.Los mecanismos operativos de los funcionarios, la autonomía técnica necesaria que necesitan, la labor a ellos encomendada y sus funciones no se ajustan adecuadamente a los perfiles profesionales de mayor productividad.
4.Los proyectos que sirven de base para solicitar las licencias constructivas no se ajustan correctamente a las normas y leyes urbanísticas que deben ser cumplidas.
5.El concejal responsable de firmar las licencias no reúne la capacitación debida liderando el área.
Con el objeto de no contaminarse con intereses de unos y otros, propiciando conclusiones políticas erróneas equivocadas, proponemos que el análisis de las causas, y las posibles soluciones que deberían poderse adoptar, buscando resolver el serio problema que presenta el cómo está funcionando el área de urbanismo para la economía de la ciudad, lo hiciese un comité formado por los jefes de departamentos de cada una de las secciones en las que se encuentra dividida el área de urbanismo; o si prefiere el Ayuntamiento, también podría hacerlo una empresa externa al mismo especializada en gestión municipal auditando en profundidad el área; y una vez definida con precisión la responsabilidad que tienen cada uno de los puntos antes mencionados en el proceso, se estableciesen unas reglas de juego, un protocolo ágil y eficaz, así como los tiempos de respuesta técnicamente apropiados al mismo, que deberían poderse cumplir y aplicar con un balance de productividad razonable, asumiendo todos los agentes intervinientes en las gestión las responsabilidades que correspondan.
Finalmente, el político de turno, sólo tendría que velar por el cumplimiento de los protocolos de gestión resultantes de la auditoría por parte del personal de su área, una vez que fueran aprobados por el Pleno Municipal en sesión solemne, sin que necesariamente tuviera que intervenir en nada más, salvo en aquellos casos singulares que lo requieran los propios informes de sus técnicos, cuando los mismos estimen que el asunto a dilucidar supere el ámbito reglado.
Un ejemplo de esto último podría ser el hecho de adelantar unas catalogaciones de suelo no conflictivas, cuando nítidamente se vea que van a ser claramente compatibles con el nuevo Plan Urbanístico de la ciudad que se tenga a bien elaborar en los tiempos futuros, con el objeto de no paralizar el desarrollo de la actividad industrial y comercial de la economía de la ciudad y que, hoy por hoy, parece que el señor Pavón no tiene intención alguna de propiciar, habida cuenta de lo que nos muestra el diario INFORMACIÓN un día sí y otro también, y el lamento continuo de los empresarios, asumiendo con ello una responsabilidad importante en las pérdidas de puestos de trabajo que lo anterior conlleva, así como de los beneficios que para Alicante producirían dichas catalogaciones. Lo triste de esta actitud es que por su ideología, su corazón debería estar puesto mucho más en aquello que dice defender creando puestos de trabajo que tomando decisiones que claramente los perjudican.
Posdata: El presente escrito no lo tendría que haber escrito yo. Tendrían que haberlo hecho los colegios profesionales y los empresarios hace ya mucho tiempo si no fuesen tan políticamente correctos, empleando como ellos una expresión políticamente correcta por no decir lo que opino de verdad sobre sus silencios.
