Aseguran los sociólogos y politólogos que los gobiernos de reciente elección consolidan sus perspectivas de futuro dentro de los dos primeros años de legislatura. El gobierno municipal de Alicante todavía no ha cumplido esos dos años, por ello no se puede hacer una balance de gestión de los proyectos acabados, que permita evaluar el gobierno y afianzar, en consecuencia, la confianza de los ciudadanos en su ejecutivo. Sin embargo, sí debería estar en condiciones de haber puesto en marcha iniciativas que puedan ser determinantes para la consolidación del gobierno municipal.

Es cierto que el primer año suele ser difícil, más si cabe si el equipo de gobierno está formado por tres organizaciones políticas y deben hacer un esfuerzo en encajar sus propias piezas, a fin de cohabitar durante el resto de la legislatura. Esa dificultad inicial viene agravada por el estado en el que se encuentra la Corporación, cuya situación requiere un análisis para conocer cuál es el punto de partida real; llámese endeudamiento, tesorería, vigencia y grado de ejecución de las contratas públicas, proyectos inacabados y/o enquistados, organización de los recursos humanos, y un largo etcétera.

A la situación interna del Ayuntamiento hay que añadir el estado de la ciudad. La suciedad cronificada de las calles se une a la falta de planificación y desorden del crecimiento económico, que ha provocado, entre otros problemas, el enfrentamiento del Ayuntamiento con el sector comercial de distinta naturaleza y tamaño, recuérdese la apertura de festivos o la polémica de los veladores, cruzándose las justificadas quejas vecinales; y todo ello aderezado con la ausencia de liderazgo empresarial. En definitiva, Alicante tiene muchos retos por delante, pero el más importante es dotarla de criterio.

El mejor servicio que podría prestar el gobierno municipal a esta ciudad es crear, antes de que finalicen los dos primeros años, un observatorio económico y social para hacer un estudio profundo de los desequilibrios que azotan a la ciudad y sus ciudadanos. Ese observatorio debería ser transversal para que todos los ámbitos competenciales del Ayuntamiento estén a su disposición en cada una de las fases de trabajo: desde la inicial, para localizar e identificar las debilidades y deficiencias que afectan a la ciudad, pasando por las propuestas de solución y terminando en la puesta en marcha o ejecución de las decisiones adoptadas.

Este observatorio daría credibilidad al gobierno municipal y justificaría el cambio de las siglas producidas en las pasadas elecciones municipales. La acción de gobierno no se puede trocear en departamentos estancos, sino que tiene que estar al servicio de un interés común. Un ejemplo de esa falta de permeabilidad es la gestión de urbanismo; de hecho, la semana pasada se conocía que la redacción del Plan General estaba paralizada. Pues bien, con independencia de los motivos de esa inacción, lo conveniente es que siga así, pues la redacción de un Plan General no puede estar en manos sólo de una concejalía y un equipo de arquitectos. El Plan General es el instrumento más importante que tiene el Ayuntamiento para ejecutar el diseño de la ciudad, y ese diseño debería surgir de los trabajos del observatorio. Unos trabajos que deberían concluir con la ordenación de la economía, el comercio, el ocio, la cultura, los servicios e infraestructuras, etcétera. Unos trabajos que den sentido a la ciudad, llamada a ser turística, donde a día de hoy los cruceros atracan en el Puerto, pero los cruceristas se quedan a bordo.