Javier Fernández y la gestora que dirige se equivocan al prohibir la libertad de voto del PSOE en la segunda investidura de Rajoy. Si pretenden dar una imagen de unidad del partido a través del grupo parlamentario, no van a conseguirlo. La unidad se ha roto en las turbulencias del sábado negro y exige un proceso reintegrador mucho más paciente y sutil que el de un "ucase" en el conflicto que precipitó la fractura. Aunque la gestora decrete el voto a favor de la abstención, ni Pedro ni los "pedristas" van a respetarlo, porque sería tanto como reconocerse culpables y arrepentidos en un brevísimo lapso, sin mediar reflexión verosímil ni suficiente.
En todo caso, nadie tragaría la ficción de la unidad restaurada.
Además, consumarìan con ello una infracción flagrante del artículo 67-2 de la Constitución Española ("Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo"), que es norma de rango superior a cualesquiera otras de régimen partidista. Triste ejemplo de arbitrariedad antidemocrática es imponer el voto unitario, y aún peor si castigan el voto libre con sanciones. El candidato del PP no necesita los 84 diputados del PSOE para tener en segunda votación mayor número de síes que de noes. Dada la línea de la gestora, es previsible
que la abstención favorable a Rajoy será más numerosa que la negativa pura y simple. ¿O es que temen que los noes socialistas sean más que las abstenciones?
La democracia USA se muestra más abierta que la española. Son muchos los republicanos que rechazan a Trump y anuncian su voto a Clinton, sin que les caigan encima los anatemas del partido. La deseable derrota del primero estará alimentada por los notables correligionarios que ya lo manifiestan y por su influencia en compromisarios que lo callan. El PSOE debería contemplar aquí la conveniencia de no volcarse en lo que puede ser un error muy grave, y respetar la libertad de voto como antidogmática previsión de acierto. El coco dialéctico de las terceras elecciones refleja más los intereses partidarios que las preocupaciones de la sociedad, a juzgar por el bajo porcentaje de las atribuidas a la falta de gobierno en el último barómetro del CIS, tenazmente encabezado por el paro y la corrupción.
