En el trascurso del tan convulsionado siglo veinte se produjeron cambios tan importantes que exagerando un poco se pueden comparar con la domesticación del sol o el invento de la rueda. En las regiones con cierto desarrollo económico, una más adecuada alimentación, la utilización de agua limpia, los adelantos sanitarios, las vacunas, etcétera, permitió que la esperanza de vida se duplicara en tan solo unas décadas y la población mundial se multiplicó vertiginosamente. En España la población octogenaria aumentó en más del 20% en los últimos cinco años, a pesar de la crisis que empobreció a una parte importante de la población. Este nuevo escenario, inédito en la historia humana, obliga a reflexionar: se trata de un desafío ante el cual no se dispone de la estrategia eficaz. España es el cuarto país con más ancianos del mundo y según las Naciones Unidas calcula que en 2050 será el segundo país más envejecido. Actualmente más de nueve millones personas son pensionistas y hay que tener en cuenta que muchos trabajos actualmente son precarios, en «negro»: ¿podrán ayudar a hijos y nietos?

España es uno de los países desarrollados en donde ha sobrevivido la familia tradicional, tres generaciones vinculadas, que consideran que tienen que apoyarse. La crisis provocó que los mayores se convirtieran en auxiliares activos de hijos y nietos, pero esta situación tiene fecha de caducidad. El papel de la mujer de hoy ya deja de ser la que se ocupa de ancianos y de enfermos, dispuesta hacerse cargo de todos los problemas familiares y domésticos, tarea sin compensación que ha asumido durante siglos, desde que los humanos vivían en cavernas. Dos vecinas charlan en el mercado, tienen unos sesenta años y sus madres más de noventa. Comentan que están agotadas, la madre de una de ellas «perdió la cabeza» y rechaza a las mujeres que contrata para que la atiendan. Dicen que no es «natural», que ellas no son jóvenes, que ya sufren achaques; estas vecinas no son viudas, también tienen que ocuparse de sus respectivos maridos, que colaboran pero se mantienen en un segundo lugar.

Se está ante una situación que se debe convertir en un problema de Estado, no es menor por ejemplo si se le compara con el cambio climático. La Ley de Dependencia debería ser reformulada y además desde ya cumplir con lo que establece. Hay que asumir que los recursos del Estado deben ocuparse de esta problemática.