No sé si lo sabrán, pero el 28 de septiembre, desde que en 1990 se acordó en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Parece mentira, porque queda muy lejano, pero este miércoles se cumplirán sólo tres años desde que el entonces Ministro de Justicia, Gallardón, intensificara sus amenazas a todas las mujeres de este país con la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas amenazas se materializaron poco después, el 20 de diciembre de 2013, cuando presentó al Consejo de Ministros un engendro infumable de anteproyecto de ley orgánica que se atrevió a titular «para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada» y que sirvió como espoleta para una de las mayores manifestaciones de protesta social que se recuerdan. El 1 de febrero de 2014, el Tren de la Libertad que un par de asociaciones feministas asturianas fletaron convocó en la capital una inundación de mujeres y hombres procedentes de todas las partes del Estado e incluso de otros países que clamaban por la defensa del derecho a decidir de las mujeres. En septiembre de ese mismo año, el hoy Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, anunció la retirada definitiva del anteproyecto y Gallardón dimitió a las pocas horas. Eso sí, la victoria tuvo su precio con un retroceso sobre la regulación anterior: un año después, en septiembre de 2015, se aprobó la Ley Orgánica 11/2015 para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. En otras palabras: las menores de 16 y 17 años necesitan la autorización expresa de sus progenitores para interrumpir legalmente (es decir, con garantías) un embarazo no deseado. Eso sí, si se quedan embarazadas y deciden continuar adelante, es su voluntad la única que se tendrá cuenta, piensen lo que piensen sus progenitores, que en no pocos casos deberán hacerse cargo del mantenimiento de la criatura que venga (que no trae un pan debajo del brazo, precisamente, sino todo lo contrario). O sea, que el respeto a la autonomía de la voluntad de las jóvenes mayores de 16 años sólo se garantiza si coincide con el mandato patriarcal de la sacrosanta maternidad. Un año después de esta (retro)reforma todavía estamos esperando que el Tribunal Constitucional (actualmente compuesto por 9 magistrados y 2 magistradas, con un puesto vacante) tenga a bien resolver el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el PP contra la Ley que permite a las mujeres decidir, en las 14 primeras semanas de embarazo, qué hacer con su vida. Aunque sea poco, de momento, nosotras decidimos.