El ojo crítico

Los sobrecostes no son delito

23.09.2016 | 04:52

Ojeando INFORMACIÓN, el pasado 21 de septiembre, leo un artículo en el que el PP de nuestra Comunidad Valenciana «defiende su gestión porque los sobrecostes no son un delito». Y me sorprende sobremanera, pues si bien los sobrecostes no tienen por qué ser delictivos sí implican, por otra parte, una inadecuada gestión, que es precisamente lo contrario de lo que alardea el Partido Popular. Cualquier empresa que trabaje para la Administración puede verse obligada, por imprevistos no contemplados, en modificar y ampliar el presupuesto inicial; pero lo que ya es sospechoso es que Ciegsa, empresa pública encargada en la construcción de centros educativos, adquiriera durante años la costumbre, que implantó como norma, de incrementar los costes de sus obras en casi todas las comarcas valencianas.

Sin caer en la fácil tentación de culpabilizar a nadie en posibles mordidas, tema éste exclusivo de la Fiscalía, queda cuestionada en este asunto la profesionalidad de la empresa pública, cuyas facturas finales evidencian una frívola y descuidada alegría, acrecentándose todas y no menguando ninguna. Cualquier empresa que concurse para la adjudicación de un servicio municipal evalúa primero los pliegos de condiciones, se compromete después a su exacto cumplimiento, compite además con otros aspirantes en el avance de los plazos, en abaratamiento económico y en mejoras no exigidas. Posteriormente será la entidad pública correspondiente, ayuntamientos, diputaciones, gobierno autonómico, quien deberá realizar un exhaustivo seguimiento de la Memoria de Calidades; quedando este apartado en entredicho porque la Administración no suele tener ni tiempo, ni ganas, ni dinero, para fiscalizar y supervisar los correspondientes trabajos; desliz imperdonable del que se aprovechan las empresas para colar gato por liebre.

Esta es la contundente razón por la que el Partido Popular no debe sentirse orgulloso de su gestión, pues nadie que tenga dos dedos de frente puede congratularse de que sus diligencias resulten más caras, generalmente, que lo previsto. Puede entenderse que en un momento dado la empresa en cuestión presente una modificación de presupuesto, porque lo imprevisible existe siempre. Que aparezca un titular colindante a última hora y no quiera vender o ser expropiado, que las catas geológicas obliguen a una mayor inversión en los cimientos, que se encuentre un yacimiento arqueológico y haya que preservarlo, que se localice un acuífero subterráneo –si es hídrico mejor que petróleo– o que surja un conflicto a última hora relacionado con el entorno; pero aun así se sigue construyendo en zonas sísmicas con suficientes garantías previas.

Lo que no tiene sentido es alterar unos presupuestos sin aparentes causas mayores y el que paga, a fin de cuentas y al final del ciclo ustedes, nosotros, acepte a la ligera sin ni siquiera aconsejables averiguaciones técnicas; sin mencionar a fondo la ligereza con que se acometen las obras públicas al no existir supervisión, pues es común y generalizado que a los pocos meses o escasos años aparezcan incómodas goteras o grietas estructurales que fuerzan a una nueva y costosa reforma.

Nuestro querido y sufrido país está en bancarrota por estas cosas: políticos mediocres que no miran más allá del presente día, escasa planificación a medio y largo plazo, falta de consenso en las inversiones que tienen que perdurar y nula fiscalización de las obras contratadas; costumbre habitual e institucionalizada que invita a piratas concursantes a formar tramas corruptas con el gen de la picaresca. Luego, si hay comisiones inconfesables o mordidas ilegales se amparan unas y otras en un poderoso y triste aliado: una Justicia de buena fe pero maniatada por su orgánica lentitud, un viejo pecado capital que condiciona nuestro futuro.

Por eso, si de lo que se trata es de mejorar la imagen de nuestras instituciones y dotarlas de una óptima funcionalidad, sobran las afirmaciones de unos políticos felices y contentos por una gestión que ha permitido sobrecostes añadidos. Al fin y al cabo los excesos de unos los acabamos de pagar los privilegiados trabajadores con nómina que nos retratamos, qué remedio, todos los meses.

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