Tribuna

La escuela concertada, en alerta

23.09.2016 | 04:52

El 26 de enero pasado publicaba en este periódico un artículo, La concertada en peligro, que analizaba las cuatro nuevas normas educativas que pasaron el 19 de enero por la Comisión Permanente del CEV y de las cuales han visto la luz tres (el Decreto y la Orden de Admisión, y el Decreto de Ratios), quedando todavía sin ser publicado en el DOCV la cuarta, el denominado Arreglo Escolar, en el que se especifican los criterios para, entre otras cosas, la modificación de unidades en centros privados concertados.

Aunque se podrían hacer diferentes análisis del proceso de admisión, me quiero fijar especialmente en dos aspectos, el de las ratios y el de las horas que pierde o deja de ganar la concertada por la Resolución de Conciertos de 5 de mayo. En cuanto a las ratios, la publicitada rebaja de las mismas se debe fundamentalmente al ajuste con las ratios reales, especialmente en los centros públicos y para los niveles de infantil y primaria. Era lo que había y por eso no ha habido coste. Mientras que en los centros concertados la ratio solía estar al máximo permitida con la ampliación, no era lo mismo en los centros públicos. Es decir, con la bajada de cinco alumnos por unidad se producirá en unos años una pérdida de la masa de alumnado de centros concertados.

En cuanto a las horas, es importante darse cuenta de que hay dos caras en la misma moneda de la supresión: las unidades que se pierden y las unidades que no se conceden. Pues bien, en el capítulo de las que se pierden, en la provincia de Alicante hay un saldo de -74 horas. A esa pérdida hay que añadirle la reciente resolución de Compensatoria (alumnos con necesidades educativas) que, paradójicamente, da un saldo de -45 horas respecto al curso anterior. Aunque esas pérdidas no son nada si se compara con las unidades que no se han dado, y de las que interesadamente se calla cuando se hace balance de lo que se da y se quita, comparándose con la anterior legislatura (como ha hecho el señor Puig en el debate sobre el estado de la Comunitat). En concreto, tal y como se puede comprobar en el DOCV número 7.776 de 6 de mayo pasado, se desestiman para la provincia de Alicante 64 unidades (cifra superior a las 46 ó 40 de los dos últimos años del PP). De esas desestimadas, la mayoría son de Bachillerato y FP –lo que indica ya un camino–. Lo que está claro es que, pese a que la demanda por la concertada se mantiene, los datos objetivos es que se han suprimido más unidades, se han dejado de dar más unidades, y hay una mayor pérdida de puestos de trabajo, y un progresivo y forzado trasvase de alumnos de una red a otra. Mientras, la red pública se ha visto reforzada.

¿Casualidad o planificación? Las declaraciones pro-red pública de los actuales mandatarios de la Conselleria parece que no dejan lugar a dudas. ¿Y qué hay de la agresión a la concertada? Parece que, en la estrategia del trasvase, el curso actual es clave. Y aquí entramos en la próxima renovación de todos los conciertos (a excepción de la primaria, como ya señalamos). ¿Es casualidad que, desde enero de este año aún no se haya publicado el arreglo escolar para la concertada? ¿Habrá alguna modificación de los criterios que en esa norma se aceptaron en el Consejo Escolar, a propuesta de FSIE, y que mitigaban alguna de las barbaridades que recogía, como el 3.8 que en su apartado 1 e) establecía que se puedan eliminar unidades concertadas que requieran el uso del transporte y comedor por su ubicación: «e) se considera, en todo caso, que un centro no satisface necesidades de escolarización o no atiende a poblaciones desfavorecidas cuando su ubicación impida el acceso al mismo de alumnos que carecen de recursos económicos para hacer frente al coste de los servicios de transporte o comedor escolar».

Veremos. El sector está sensibilizado y alerta, y con el músculo preparado, después de las movilizaciones del año pasado (Alcoy, Alicante, Orihuela y Elche). Nos jugamos mucho, y no sólo los puestos de trabajo de los profesionales del sector. Nos jugamos la igualdad de trato en una red dual educativa, la pública y la concertada, que se sostiene con los fondos de todos los ciudadanos, y que debe ser tratada sin discriminaciones arbitrarias y respetando el derecho a poder elegir que garantiza nuestra Carta Magna.

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