Envueltas en un galimatías que está a punto de pasar de lo económico a lo judicial, las tres patronales valencianas y la autonómica que les sirve de paraguas están a punto de finiquitar un modelo de representatividad social consagrado por la Constitución. El artículo 7 de la Carta Magna dice textualmente: «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». Repetimos: de los intereses económicos y sociales que le son propios. Las organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana se encuentran en coma inducido porque durante años se saltaron el principio constitucional y se dedicaron a la defensa de intereses económicos y sociales que le eran ajenos, verbigracia, los que decidía el Gobierno de la Generalitat en manos del Partido Popular. Con la patronal de Castellón bajo sospecha de que algunos de sus dirigentes la utilizaban para darse la gran vidorra, la de Alicante prácticamente finiquitada y la autonómica Cierval arrastrada al encefalograma plano y a punto de ser rescatada por la organización capitalina, la CEV, lo natural es preguntarse si, llegados a este punto, las confederaciones de empresarios, que no las sectoriales, han cumplido ya su función constitucional. ¿De qué sirve una patronal autonómica que prepara una modificación de estatutos para que las empresas se afilien a ella directamente sin pasar por las provinciales? ¿En qué situación deja eso a éstas últimas? Y lo que es más preocupante: ¿por qué la situación de Coepa preocupa tan poco a los empresarios y a la sociedad civil de Alicante?
