Según se publicó el pasado día 24 de agosto en la prensa local, los servicios sociales de la ciudad serán capaces de valorar, en tres meses, a mil personas de Elche en situación de dependencia (todo el trabajo acumulado desde 2011). Hasta ahora, se amontonaban en la Conselleria y en los ayuntamientos solicitudes de prestaciones, hasta el punto de que algunas personas, en situación de dependencia, tiraban la toalla y no solicitaban sus derechos.

Tardar años en valorar lo que necesita una persona para ser lo más autónoma posible es, tanto o más absurdo, como poder resolver la lista de espera que hay en solo tres meses. Y nunca podrá hacerse bien, si solo se utiliza un tipo de profesional, en este caso el trabajador social, que está muy preparado para atender a algunas personas, pero no a otras. El tema de la dependencia no es sólo su competencia y ellos mismos así lo reconocen.

Así que, ya que se aumenta la plantilla, se debería haber creado un equipo multidisciplinar. No se entiende cómo los trabajadores sociales pueden valorar la dependencia, o no, de personas con enfermedades raras, cuando ni siquiera un médico está seguro de las necesidades del paciente. No es comprensible que estos profesionales puedan valorar la situación de dependencia debida a causas psicológicas. Y de igual manera, tampoco se comprende cómo se pueden hacer rápidas muchas otras valoraciones.

La valoración de la dependencia, y de su posible prevención, es muy complicada y lleva consigo tiempo y, sobre todo, la implicación de los profesionales que cada caso necesita. No se puede cargar todo el trabajo y responsabilidad a los trabajadores sociales.

Hasta ahora se ha llevado un retraso incomprensiblemente largo y de repente todo se acelera.

¿Se están riendo de nosotros? Se elabora una ley bajo varias presiones (una de ellas es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaborada por la ONU) y desde el primer día empieza a no cumplirse en parte de sus apartados y cuando llega un cambio de gobierno se recorta, de tal manera, que parece una ley nueva y totalmente empobrecida. Nos quieren acostumbrar a mendigar ayudas y no a hacernos oír para que nuestros derechos estén garantizados y para participar en la elaboración de nuevas leyes.

Doña María Teresa Maciá, como concejala de Bienestar Social de Elche, debe ser consciente de las necesidades económicas que hay en nuestra ciudad y, por tanto, saber que hay familias que utilizan para comer la prestación para la asistencia de personas en situación de dependencia que hay en la familia. No es justo que se juegue con las necesidades básicas de las personas. Si hablamos del derecho a una vida digna, no hablamos de tener que elegir entre comer o tener asistencia personal, ya que las dos cosas son básicas. Los servicios sociales deberían estar funcionando correctamente en ambos sentidos desde hace mucho tiempo y no solo ahora.

«Elche acelera la revisión de 1.000 casos de dependencia con opción a ayuda», los titulares de los periódicos utilizan la palabra ayuda, apelan a la caridad (a decir: qué buenos somos) y no al cumplimiento de los derechos básicos de la persona. Me huele a posibilidad de elecciones cerca y no a haber abierto los ojos de repente y descubrir las necesidades de los ciudadanos ilicitanos.

Por cierto, ¿alguien sabe que el pasado sábado las personas en situación de dependencia, nuestros amigos, familiares y asistentes personales salimos a las calles de Madrid para reivindicar nuestro derecho a tener una vida independiente? Nuestro eslogan es «nada sobre nosotros sin nosotros» llevamos diez años reivindicándolo en las calles, pero parece que nadie se ha dado cuenta, no salimos en prensa. Es mejor no tenernos en cuenta y dar grandes titulares cuando interesa.