Crónicas del limbo

Cambiar las reglas

12.09.2016 | 04:12
Cambiar las reglas

La hasta ahora fallida experiencia de concertación entre los partidos políticos para facilitar la investidura de un Presidente del Gobierno debe hacernos reflexionar sobre los cambios necesarios que habría que introducir para que, en adelante, no se volviera a repetir.

La Constitución española del 78 acogió un modelo de gobernabilidad parlamentaria inspirado en el alemán. A diferencia del modelo alemán, sin embargo, la Constitución concedió bazas a las fuerzas nacionalistas con el fin de redondear el círculo del consenso. De manera que, tanto la Constitución como la Ley electoral que la precedió (y que a su vez era tributaria de la Ley para la Reforma Política de 1976), diseñaron un esquema de mayorías con potenciales asistencias de partidos nacionalistas que, más o menos eficientemente, ha venido funcionando hasta la irrupción de nuevas formaciones. El procedimiento de investidura del art. 99 de la Constitución responde a este esquema; pero la experiencia del último año indica con toda claridad que dicho esquema ha dejado de ser funcional, a la vista de configuración de un parlamento fragmentado que ha venido para quedarse, y en cual, a pesar de que el eje izquierda-derecha sigue siendo relevante, los nuevos partidos compiten electoralmente a uno y otro lado del espectro.

Los nuevos partidos, por más que demediados tras el impacto de la realidad y de mezclarse en el aparato institucional, son exponentes de cambios profundos en la sociedad española. No reconocer la nueva realidad sería un serio error, por lo que hay que salir al paso para evitar que la política española quede anclada en un bucle, con el grave peligro de la ingobernabilidad. No olvidemos que la gobernabilidad es un valor en sí mismo. Porque si bien es cierto que, en muchos aspectos, la gobernabilidad en un país como España ha sido relegada en beneficio de instancias reguladoras, sigue siendo un factor decisivo en la política interna y en el espacio europeo al que pertenecemos.

Se han barajado algunas propuestas que permitirían superar la situación de bloqueo. Se ha hablado, por ejemplo, del modelo francés de doble vuelta, que permite la concentración del voto en las dos candidaturas que obtienen los mejores resultados en la primera vuelta. El inconveniente de este sistema es que transformaría el régimen parlamentario, que es el genuinamente español, y obligaría, por tanto, a una reforma profunda de otros muchos elementos de la Constitución.

Se ha planteado, por otra parte, con más acierto, la modificación parcial del art. 99, que regula actualmente la investidura del Presidente del Gobierno, recogiendo algunas reglas que ya existen para la elección de Presidente de algunas Comunidades Autónomas. En lugar de un debate de todos con el candidato a la investidura propuesto por el Rey, tendría lugar un debate entre distintos candidatos propuestos por los grupos parlamentarios (que contaran con un número significativo de votos), y caso de que ninguno obtuviera la mayoría absoluta, se procedería a una segunda vuelta entre los dos candidatos mejor colocados. En el supuesto de que existiera un solo candidato, éste alcanzaría la investidura si obtuviera más votos a favor que en contra. Este sistema, con algunos retoques, garantizaría, al tiempo, la forma parlamentaria actual y la investidura.

Entretanto, dado el bloqueo actual y el rechazo de todos los partidos a unas terceras elecciones, supuesto rechazado a su vez por una gran mayoría de los electores, según las encuestas, solo cabe apelar, una vez más, a la búsqueda de una salida razonable. Una salida que respete el mandato de los electores y la actual correlación de fuerzas. Lo que no es tolerable es la campaña de ensañamiento con el líder de la oposición, pretendiendo hacerle responsable de fracaso de la investidura, un ensañamiento amplificado por la infecta campaña de una mayoría de medios de comunicación, ciertamente desatados, que despreciando su papel de informadores y comunicadores veraces, se creen los dueños de la opinión pública así como hacedores de gobiernos.

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