La escena es atroz. Un hombre mayor, caído de la cama que ocupa en una residencia de la tercera edad. Es una muestra impactante de la indefensión que produce la dependencia. Ejemplo de un maltrato ante el que no podemos mostrarnos indiferentes y del que, cuando menos subsidiariamente, es responsable la propia Generalitat Valenciana. Pudiéndose tratar de una situación un tanto atípica, me temo que es más habitual que lo deseable. Tanto que hace dudar de que los derechos humanos sean siempre respetados en la atención a las personas mayores institucionalizadas. Juzguen ustedes.
Desconozco si han visto la fotografía en cuestión. Se la describo brevemente: un anciano en el suelo, semidesnudo, con una delgadez que roza la caquexia y los brazos cubiertos por hematomas. Aunque la cama contaba con protecciones laterales, de nada sirvió para evitar el accidente. La escena moviliza conciencias, así que hagan un pequeño esfuerzo y búsquenla en internet. En esta ocasión, por supuesto que una imagen vale más que mil palabras. No miren hacia otro lado.
La vicepresidenta del Consell y responsable de las políticas sociales, Mónica Oltra, se pregunta por qué ha llegado la noticia a los medios. En este caso no debe ser de aplicación la transparencia que predican. Supongo que será por aquello de que los trapos sucios se lavan en casa. Ante la duda, tal vez pudiera orientarle la directora general de Servicios Sociales, responsable directa del desaguisado. La imagen ha servido para dar a conocer las carencias que presenta el principal geriátrico público de la Comunidad Valenciana. Según denuncian los sindicatos, apenas disponen de un auxiliar de enfermería por cada cuarenta residentes. Un dato que hace prever una deficiente asistencia a los casi quinientos ancianos que son atendidos en este centro, en su mayoría grandes dependientes. En la conselleria ya estaban avisados pero no hubo respuesta. Según se ha ido conociendo, otras residencias públicas -como las alicantinas de Juan XXIII o La Florida- sufren situaciones similares.
Así pues, el origen del problema radica en la falta de personal. Desde la Generalitat alegan que la plantilla no puede incrementarse. Aunque hablamos del chocolate del loro, siguen lanzando balones fuera y responsabilizando de las carencias a los gobiernos del PP. Tengo la impresión de que faltan a la verdad. Sus homólogos de Educación tenían un panorama más oscuro y, en cambio, han hecho bien sus deberes. En apenas un año han recuperado la mitad de los maestros perdidos durante los años de recortes. Cuando se quiere, se puede. Pero los ancianos son otra historia. Para qué engañarse, la tercera edad es un sector que va perdiendo interés en la agenda política. En fin, que como solución han optado por reducir no aceptar nuevos ingresos para ajustarse al personal disponible. ¿Imaginan lo que ocurriría si se actuara de igual manera, por falta de maestros o de médicos, en un colegio o en un hospital? Insisto, los mayores ya no cuentan más que para las fotos.
Lo que más está preocupando a la vicepresidenta es identificar quién filtró la imagen. De nuevo aparecen las dos caras de la política. Estando en la oposición, estos actos son considerados como denuncias de una situación injusta. Como ejemplo, ¿cuántas fotografías han servido para dar a conocer la existencia de pacientes encamados en los pasillos de los hospitales? Bienvenida sea esta forma de conocer la realidad. Sin embargo, la percepción varía cuando se alcanza un puesto en el Gobierno. Llegado este punto, las denuncias se convierten en conductas indignantes que hay que perseguir. Se abre la veda para localizar al denunciante y lo de menos es el hecho denunciado. Tampoco se asumirán responsabilidades porque, una vez más, ha caído el eslabón más débil; en este caso, el director de la residencia.
Les proponía que localizaran la imagen. Si lo hacen, observarán algunos detalles que llaman la atención. Al anciano se le había aplicado una contención mecánica en un tobillo. Para los legos en la materia, la contención mecánica es el uso de correajes para limitar los movimientos. En otros términos, el pobre hombre se encontraba atado a la cama. Este sí es un aspecto por el que debería preocuparse no solo la vicepresidenta, sino también el Síndic de Greuges en la investigación que ha abierto de oficio. La práctica, denunciada en múltiples ocasiones, sigue siendo demasiado habitual en residencias y hospitales. Hay ocasiones puntuales -remarco, puntuales- en las que puede ser necesaria para evitar daños mayores, pero siempre como última opción y siguiendo estrictamente un detallado protocolo. Lamentablemente, no siempre se persigue este objetivo. Con demasiada frecuencia se utiliza la contención de un modo coercitivo y no preventivo. En estos casos, el objetivo no es prevenir el daño sino evitar la atención continuada que puede precisar aquel a quien se sujeta. Como pueden deducir, existe una relación directa entre la escasez de personal y el uso abusivo de estos métodos.
No dudo de que, en este caso, se cumplieran los criterios exigibles para aplicar este tipo de medidas. Ahora bien, no estaría de más recordar que la contención mecánica, al margen de poder violentar derechos básicos, genera importantes riesgos para la salud si no se realiza de forma adecuada. Más allá de la caída, hay interrogantes que responder, cuestiones que son extrapolables a cualquier otro caso, conocido o no. ¿Con qué frecuencia se recurre a la sujeción en las residencias y hospitales? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué supervisión se realiza? ¿Se comunica a jueces y familiares? Y, ya puestos a preguntar, ¿se utiliza también la contención farmacológica? En fin, hay que asegurar que se respeta la legalidad. Estas son las cuestiones a indagar si, en realidad, preocupa la dignidad de los mayores atendidos.
En algún foro he leído que, para evitar llegar a estas situaciones de abandono, precisamos una Ley de Muerte Digna. Siendo defensor de ese derecho, sin embargo no creo que sea la solución para este problema. Porque la cuestión no estriba en cómo morir, sino en cómo vivir con dignidad.
