Impresiones

Se impone otra reforma: la ley electoral

08.09.2016 | 04:42
Se impone otra reforma: la ley electoral

Aunque un Estado pertenezca al bloque democrático y esté integrado en una o varias organizaciones supranacionales, su sistema electoral es diferente de otros Estados similares. Esto se debe a que cada Estado está formado por poderes diferentes. El sistema electoral se desprende de la Constitución y asegura el gobierno del Estado según el consenso alcanzado por los integrantes de la sociedad en dicha Constitución. Siendo realistas, comprenderemos fácilmente que la sociedad evoluciona con el paso del tiempo. Por tanto, el consenso de una época, que no equilibrio, se altera o se quiebra y se impone una reforma parcial o completa del sistema electoral para reflejar la nueva relación de fuerzas en la vida política de la nación.


En la última sesión de las Cortes franquistas (19 de noviembre de 1.976), en la que éstas se autodestruyen para dejar paso al sistema democrático, el tema de discusión en los pasillos no era aprobar la disolución. Se discutía el sistema electoral y la división territorial de la futura España democrática. Los poderes tradicionales, obligados por el Fondo Monetario Internacional y por Occidente tenían que aceptar el cambio, incluyendo la legalidad de todos los partidos políticos. Por lo tanto, se discutía sobre el modelo del nuevo sistema político para seguir controlando el Estado. En un sistema electoral «mayoritario» existen, casi siempre dos partidos importantes que se turnan en el poder, y un tercero que suele ser el partido «bisagra». Los tradicionalistas y los poderes fácticos no podían tolerar que el tercer partido fuese el comunista. Ese puesto debía ocuparlo los partidos nacionalistas periféricos que por tradición e ideología son de derechas. Esto se consigue fácilmente con un sistema electoral «proporcional» que da entrada a los partidos políticos localistas. Para que los nacionalistas tengan realmente poder, y puedan contrarrestar un posible Poder central de izquierdas, tienen que ejercerlo y para ello se crea un sistema a la medida, el autonómico, con su Gobierno y su Cámara legislativa y sin dependencia jerárquica del Poder Central. La Constitución Española no establece límites entre las competencias del Estado y de las Autonomías, esta situación genera conflictos permanentes entre uno y otros. Y como ambos están legitimados por las urnas, no toleran dependencia jerárquica alguna. Esta situación que se desprende de nuestra Constitución no es fruto de la casualidad. Si refrescamos la memoria histórica, recordaremos que el sistema autonómico fue inventado e impulsado desde arriba. Además los poderes tradicionales entienden de caciquismos para dirigir la periferia y manejar todos los negocios locales.


Como en este mundo nada es perfecto, aparecen los fallos. Aparecen nuevos políticos, los progres, que ven un negocio con el nacionalismo de izquierdas. Esto es atípico, puesto que la ideología de izquierdas es universalista y el nacionalismo es localista y tradicionalmente de derechas. Estos nacionalistas que se dicen de izquierdas son estafadores, alimentan un mito étnico tergiversando la historia. Se apoyan en unos Fueros del pueblo que fueron arrebatados, cuando en realidad esos fueros eran los privilegios de los estamentos privilegiados. El pueblo, en el Antiguo Régimen, sólo tenía el derecho a trabajar y callar. Estos «progres» se han visto desbordados por los «cachorros» y lo que en un principio era un negocio, el de acaparar poder, se ha transformado en un peligro para la Democracia. Se han manipulado las culturas locales para crear odio, y amparándose en el sistema democrático, se exige la autodeterminación para después imponer la dictadura de la etnia. Lo que en un principio era una descentralización política y administrativa del Estado se ha convertido en exigencias de independencia. El sistema autonómico se ha escapado de las manos, a unos y a otros.


Con una reforma de la Ley Electoral, sería cambiar del sistema proporcional al mayoritario, quedarían tres o cuatro partidos políticos con vocación y programa de gobierno para toda España. Y con una descentralización regional o federal, con Cámaras Legislativas con competencias definidas y delimitadas, los conflictos de competencia desaparecerían. Nunca más se repetirían las elecciones generales, nunca más habría gobiernos en funciones sin control parlamentario y nunca más las minorías chantajearían a las mayorías, y no me refiero a los nacionalistas de a pie. Son las minorías económicas, de los negocios y bien organizadas las que hacen de la ideología nacionalista su herramienta política de dominación de las masas. Seguramente los nacionalistas independentistas, y otros políticos profesionales, tacharían este sistema de dictadura centralista, y tendrían razón. Sería la dictadura de la mayoría, la perfecta definición de la Democracia, el menos malo de los sistemas políticos, porque genera igualdad para todos y periódicamente los ciudadanos deciden en las urnas. Esta España sería diferente, sería más democrática, más social y más europea.

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