Todas las personas que habitamos la nación española estamos sujetos a una forma de vida social regulada por normas de Derecho. Esto que acabo de expresar podría considerarse es una obviedad mayúscula. Mas si nos detenemos a analizar ese aserto pronto caeremos en la cuenta que de forma clara, muchos conciudadanos nuestros, los políticos y mandatarios que sirven a la res publica (leáse el presente y el futuro de todo un pueblo) creen que en el desarrollo de su trabajo, de su servicio a la sociedad que libremente han asumido, son una especie protegida y que no les es exigible ningún tipo de responsabilidad. Craso error.

Los políticos tienen la obligación de gestionar de manera óptima su función en pro del bien y del desarrollo de su país porque para ello se les paga (como tal vez nunca soñaron) y el deber moral de velar por el mayor bienestar de su pueblo. El deber moral se extiende a todos los ciudadanos españoles, sean políticos o no. Son deberes no remunerados pero sí exigibles a todos. Van desde cuidar los bienes naturales colectivos -siempre escasos- a mantener limpios los espacios que ocupamos. De tal forma que cabe invitar a nuestros políticos a que hagan un autoexamen y se pregunten cosas sencillas.

¿Qué cuestiones podrían plantearse? Pues como premisa les sugiero hagan una sincera introspección y se pregunten: ¿Gestiono mi parcela de influencia política con la vista puesta en el bien de la sociedad en su conjunto, de la superación de los problemas colectivos más acuciantes? O por el contrario ¿Estoy llevando a cabo mi tarea política como si fuera el gestor de un club de futbol determinado cuyo fin primordial es ser el ganador, el que aventaje a los demás?

Y por otra parte podrían plantearse: ¿Me entusiasma lo que hago? ¿Tengo suficiente capacidad intelectual para captar que cosa sea actuar en política? Tal vez las respuestas podrían ser demoledoras.

Los romanos nos enseñaron en el Derecho Romano -o razón escrita- que, cuando un ciudadano asume una obligación, si ésta no expresa la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que corresponde a un buen padre de familia. En las sociedades actuales esta idea troncal de diligencia debida se mantiene y son las circunstancias las que determinan la medida necesaria de diligencia y cautela en cuanto al sujeto que obra le es posible prever en el caso concreto.

Las circunstancias de España en la actualidad tanto en su aspecto económico, laboral e internacional precisan de políticos que desplieguen en toda circunstancia la diligencia debida y exigible al cargo que ostentan como servidores de la comunidad española en su conjunto y que si no están dotados de capacidad intelectual suficiente para dialogar y consensuar porque su proceder se rige sólo por las vísceras, tengan la honestidad de apartarse de tales responsabilidades y eviten crispar a una ciudadanía paciente pero no boba.