Tribuna

La Ley de Dependencia padece la dependencia política

31.08.2016 | 03:42
La Ley de Dependencia padece la dependencia política

El Comité Económico y Social acaba de publicar su Memoria referida al ejercicio 2015 y en el que hace una especial referencia a la situación de la dependencia en España en estos momentos. Cabe recordar que ésta es una Ley aprobada en 2006 con muy buenas intenciones, pero con una evidente falta de previsión económica. Para colmo, en 2012, con la llegada del PP al poder, y a pesar de haber votado a favor en su día, ya que quedaba mal hacerlo en contra, todos los esfuerzos se dedicaron a vaciarla de contenido, de financiación y llenarla de trámites y dificultades para que su aplicación fuera lo más lenta e ineficaz posible. Y lo han conseguido.


Es una ley reiteradamente incumplida y que ha servido para que, las distintas administraciones, prometan, hagan y deshagan y la utilicen como arma arrojadiza contra el contrario políticamente hablando. En medio han quedado, siempre, las personas afectadas y, también, aquellas que por razones familiares o de otra índole, atienden o ayudan a estas personas. Sólo la lucha de las distintas asociaciones consigue que, poco a poco, se avance tímidamente. El problema es que en ése largo camino son muchas las personas necesitadas que no han visto reconocido su derecho y, mucho menos, su prestación.


La Memoria del CES nos dice que, basándose en datos del SISAAD, en España había, a final de 2015, 1.180.435 personas en situación de dependencia, lo que significa un 2,5% de la población total. Estas personas son aquellas que se encuentran en condiciones físicas, mentales, sensoriales o intelectuales que les impiden valerse por sí mismas para realizar, en uno u otro grado, las actividades básicas de la vida diaria. No es, por tanto, un problema sólo de personas mayores u otros perfiles, puede afectar a cualquiera y, por desgracia, va a más.


El CES también nos dice que, tras 9 años de desarrollo de la Ley, el número de solicitudes formalizadas para acceder a las prestaciones del SAAD, era de 1.610.714, lo que suponía una subida del 1% sobre el año anterior. Aunque de ese total el 21,5% resultó desestimado por diversas razones. En cambio el 23%, casi 350.000 solicitudes, fueron estimadas en el grado III. En el año 2015, el número de personas atendidas por el SAAD aumentó un 7% sobre el año anterior.


En el País Valencià han sido 107.000 las solicitudes presentadas, el 6,64% del total nacional. De ellas se han dictaminado un total de 87.153, el 81,45%, uno de los porcentajes más bajos de España, junto con Canarias, ya que la media está en el 93,41%. Probablemente el largo gobierno del PP en esta Comunidad y su apuesta sólo por los grandes eventos esté detrás de esta acumulación de expedientes que están aflorando. El nuevo Consell deberá priorizar aún más sus esfuerzos para resolver esta pésima herencia recibida. Aún así hay 43.239 personas beneficiarias con prestaciones, lo que ha significado un aumento del 3,42% sobre el año anterior. Decir que, en 2014, sólo aumentó el 0,09% y en 2013 llegó a bajar el 2,44% en número de personas beneficiarias. Insólito. Un éxito para los que dificultaban el reconocimiento a los necesitados.


Los propios datos oficiales, a nivel estatal, reconocen que hay 385.000 personas reconocidas como dependientes y que, en cambio, no reciben atención del sistema, lo que supone casi la tercera parte de la población dependiente.


Probablemente la realidad será aún más dura. La dispersión de competencias en estos temas entre Ministerio, CC AA y Ayuntamientos dificulta saber la realidad. Los números se maquillan, se pasan de una administración a otra. Mientras, los afectados lo pasan mal, no reciben ayudas, se les complica la vida y, muchos, acaban muriendo sin ver reconocida su solicitud, perdida entre diferentes ventanillas.


Clarificar competencias, acercando la solución al problema. Dotar de más personal especializado y, especialmente, aumentar las partidas presupuestarias, en los distintos niveles, destinadas a las personas dependientes es urgente. Y todavía lo es más teniendo en cuenta las perspectivas de un mayor envejecimiento de la población, como todos los estudios estadísticos apuntan. Y la solución no sólo debe venir en plan asistencial, que es imprescindible, con ayudas e instalaciones adecuadas públicas y que no se conviertan, a su vez, en negocios tipo Cotino u otros. La solución debe venir por planificar estilos de vida más saludables para todos, reforzando la sanidad, la educación y las áreas sociales públicas de nuestro entorno más próximo Si se consigue mejorar el día a día de la población, tal vez consigamos retardar o aminorar aquellos efectos negativos que nuestra mayor esperanza de vida pueda ocasionarnos de forma natural.


A estas alturas no se puede aceptar que la aplicación de la dependencia dependa de los vaivenes políticos habituales. Es un derecho largamente reivindicado y debe exigirse su aplicación a todas las administraciones.

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