Las elecciones son un buen negocio para los partidos políticos, que se embolsan cantidades importantes cada vez que concurren a ellas y que, a la vista está, no tienen intención alguna de devolver, aunque las repitan indefinidamente, ni de reformar la norma que las regula. Toda su fuerza y urgencia la residencian en modificar una ley, la electoral, para evitar que las próximas caigan el día 25 de diciembre. Pero, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera esa izquierda que llora por los recortes y lamenta la emergencia social, ha hecho alusión alguna a que los ingresos provenientes de las elecciones deban ser limitados en trance como el presente.
Veamos, por cada diputado o senador, cada partido se lleva 21.000 euros, lo que multiplicado por tres en un año, da la cantidad de 63.000 euros en un espacio muy corto de tiempo. Multipliquen por cada escaño. Un negocio redondo y que puede explicar incluso el interés en repetir comicios. No acaba aquí el beneficio. A esta cantidad hay que sumar los 0,81 céntimos que el Estado, es decir, nosotros, paga por cada voto. Multipliquen por casi veinticinco millones de votos. Y 0,30, por cada voto a senador.
Los cien millones de euros en total por estos conceptos no los quita nadie. Una cantidad muy respetable que se resta de gastos sociales o de algún otro lado. Y una cantidad que, no obstante, los partidos cobran sin rubor alguno y a la que no están dispuestos a renunciar.
Y a todo o dicho hay que sumar otros 0,22 euros por elector por gastos de envío de propaganda y similares. Otro pico.
En definitiva, un gasto desorbitado en cada contienda electoral, unos cobros cuya devolución nadie reclama y que se producen aunque los elegidos solo permanezcan tres meses en el cargo. Pero, junto a estos gastos que se traducen en ingresos directos de los partidos, el Estado asume el coste de cada contienda, que asciende aproximadamente a ciento treinta millones de euros. Doscientos sesenta ya a los que hay que sumar otros ciento treinta para diciembre.
Un total por todos los conceptos de más o menos de quinientos millones de euros son los que nos vamos a gastar los ciudadanos en las tres citas electorales, el equivalente a ochenta y tres mil millones de las antiguas pesetas.
Resulta, pues, que su incapacidad para lograr acuerdos, para tenernos en este trance de inseguridad no solo no lleva a encerrarlos a pan y agua hasta cumplir con su obligación y anteponer a sus intereses los generales, sino que, por el contrario, les resulta recompensado por normas que, creadas para situaciones ordinarias, ninguno ve necesario modificar.
Y ahí los tenemos, como antes he dicho, a todos, dispuestos a reformar por vía de urgencia la ley electoral reduciendo la campaña a una semana, porque les conviene ahora, pero ninguno, absolutamente ninguno, promoviendo una reforma que garantice que tales ingresos no serán efectivos si las elecciones se repiten por su incapacidad de llegar a acuerdos. No parece razonable que se cobre lo mismo por un diputado que no va a ejercer como tal, que por uno que desarrolle su actividad durante una legislatura completa y ordinaria. Y, en todo caso, es evidente que esos quinientos millones de euros tendrán que salir de algún sitio, siendo así que, frente a sus discursos poco creíbles, resulta que este gasto a ninguno preocupa, aunque afecte a la sanidad o la educación o la justicia.
Y mucho más preocupante es que ese desembolso total e ingreso en las arcas propias, tenga como origen análisis e intereses partidistas poco compatibles con el común. Porque eso es lo que ocurre ahora, que el desacuerdo y la repetición electoral tienen como causa razones que solo a los partidos afectan y que, no obstante, pagamos todos.
Seamos sinceros. A nadie se le oculta que lo que ha sucedido ahora es lo mismo que sucedió y lo que sucederá. Esto es, una posibilidad de gobierno del centro derecha y otra del centro izquierda con la izquierda y los nacionalistas. No hay otra. Y en las situaciones precedente y presente esa posibilidad ha sido negada por quien podía permitir ambas, el PSOE, que ni posibilita un gobierno al PP, ni pacta con su izquierda. Nada, de nada. Comprensible sería, si atendieran a las razones ideológicas que pregona, que negara su apoyo, expreso o tácito al PP, pero, a la vez, de forma constructiva, debería conformar un gobierno alternativo. No hacer una cosa, ni la contraria y mantener el «no» es «no» a todo, demuestra unas intenciones aparentemente poco comprensibles, pero fácilmente detectables. Solo le interesan dos cosas: la primera, despegarse de Podemos y recuperar su hegemonía; la segunda, reforzar a su secretario general que solo tiene esta salida para mantenerse en el cargo. Todo lo demás es pura demagogia, discurso que solo pueden creer quienes están dispuestos a creerlo. Y todo, además, con fondos ajenos extraídos de donde tanta falta hacen. Irresponsables.
