En mayor o menor medida, la corrupción siempre ha estado instalada en una sociedad tan pícara como la nuestra. Pero todo tiene un límite, y ha acabado por convertirse en uno de los principales quebraderos de cabeza de los españoles. Según apunta el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), desde febrero de 2013 la situamos como el segundo problema más relevante, solo superada por el desempleo. Su protagonismo social le ha concedido un papel destacado en las negociaciones para alcanzar un pacto de investidura.
A lo largo de su todavía corta existencia, nuestra democracia ha afrontado, con más éxitos que fracasos, momentos difíciles caracterizados por el paro desenfrenado y el terrorismo. Tampoco ha sido ajena a un recalcitrante bipartidismo o a las tensiones y desigualdades territoriales. En suma, los mismos males que hoy siguen contextualizándola. Solo la corrupción ha sido capaz de hacer temblar a los pilares del sistema. Una lacra cuyo mayor daño no es el perjuicio económico -por elevado que este sea- sino la pérdida de credibilidad en la honorabilidad de aquellos en quienes depositamos nuestra confianza.
Cuando no se dispone de un estricto control de la corrupción, no hay programa de gobierno que pueda garantizarse. Todo queda en agua de borrajas. Por ello, parece lógico que cualquier negociación -bien sea de cara a la investidura o como acuerdo de gobierno- empiece por asegurar la estricta vigilancia de este tipo de conductas impropias. Así han iniciado populares y ciudadanos sus conversaciones aunque, a la vista de lo inicialmente acordado, parece que el asunto se ha liquidado con demasiada celeridad y escasa profundización. Pocas novedades y excesivamente condescendientes con un problema de semejante magnitud. Para postre, tras firmar el documento, cada uno parece estar interpretándolo como le viene en gana. Mal vamos.
Les aconsejo echar un vistazo al Pacto Anticorrupción que han suscrito PP y Ciudadanos. No les llevará mucho tiempo, que apenas son dos páginas. Una vez leído puede que coincidamos en que, si esto es lo que cabe esperar de ambos partidos, más vale repetir la fiesta en diciembre. Apenas seis medidas que igual hacen mención a la suspensión de los imputados que al reparto de escaños o al voto rogado. Desconozco qué incidencia tienen estas últimas iniciativas a la hora de reducir el número de sinvergüenzas en la política española. Supongo que habría que llenar papel.
Entre las propuestas hay algunas tan lógicas que obligan a preguntarse por qué diablos no se han aplicado antes. Ahí tienen la eliminación de la figura de los aforados, algo que se agradece en el país con mayor número de estos por metro cuadrado. O la prohibición de indultar a los corruptos; otra medida que, más que innovar, nos recuerda que hay perdones que envilecen a quienes los conceden. Para ser sincero, dudo que ambas propuestas lleguen a buen puerto, conociendo la querencia de quienes han gobernado este país -populares y socialistas- por condonar penas a los corruptos y marear la perdiz a fuerza de aforarse y desaforarse. Y, vista la flojera que empieza a caracterizar a los de Albert Rivera, motivos hay para temer lo peor.
Lo de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación irregular del PP suena a brindis al sol. Hará daño a Rajoy, sí, pero será breve y tibia. No pasará de ser un nuevo circo mediático para disfrute de unos, mientras otros desempolvarán sus ventiladores. Disculpen mi ignorancia pero me pregunto para qué puñetas vamos a pagar esta gansada, si el asunto ya está en manos de la justicia. Sus señorías podrán investigar cuanto deseen pero, conociendo cómo suelen discurrir este tipo de iniciativas, hay motivos para dudar que sean muy útiles para regenerar la vida democrática de este país.
Dejo para el final la primera medida del breve listado. Si realmente se cumpliera, significaría un importante avance en la lucha contra la corrupción. El problema es que, antes de ponerla en práctica, ya se han dedicado a cercenarla. Dice el pacto que cualquier cargo público que fuera imputado por corrupción será separado hasta la resolución completa del procedimiento judicial. Esta ha sido la decisión a la que más se han resistido -y siguen resistiéndose- los políticos. Alegan la presunción de inocencia, pasando por alto que, cuando se representa a la ciudadanía y se gestiona el bien común, no basta con presumir la honorabilidad sino aplicar el principio de la mujer del César. Siempre habrá tiempo para reponer al suspendido en sus funciones. Por el contrario, cuando el daño público se produce generalmente no hay forma alguna de repararlo. Y, no lo olvidemos, la aceptación de un cargo público es voluntaria. Para no someterse a estas normas, basta con rechazarlo libremente.
Pactan con papel mojado. Y es que, tal y como está el patio y la que se espera por caer, en el PP han cedido el mínimo y ya se dispone de una versión limitada del acuerdo. Puede que, en un par de días, ni tan siquiera siga vigente. Finalmente, la suspensión solo afectará a quienes se lleven el dinero al bolsillo o a la caja de su partido. Permítanme una frívola comparación pero, salvando las distancias, el argumento recuerda al utilizado por Bill Clinton para defender su inocencia en el caso Lewinsky. Ya saben, sin penetración no hay infidelidad. Pues ésta es una parida similar.
Para justificar tanta concesión, desde Ciudadanos defienden que no todos los casos de prevaricación son corrupción. Si no hay lucro personal, solo se tratará de mala praxis y no se suspenderá al responsable. ¿Acaso no es ya suficientemente grave esta? El daño no siempre es económico, un matiz que parece obviarse y dudo que sea de manera inconsciente. Me pregunto si lo grave es el presunto delito en sí mismo o, por el contrario, les preocupa más dónde acaba la pasta. En fin, que si se concede un «favorcito » a un amigo o familiar, sin dinero de por medio, no habrá suspensión cautelar. Habrá que esperar unos cuantos años -la justicia española es así de resolutiva- y, mientras tanto, la zorra seguirá guardando el gallinero.
Disculpen la crudeza pero, con quienes actúan con esta ausencia absoluta de ética, solo funciona el palo disuasorio. No hay más zarandajas. Y, sin embargo, el pacto no hace mención alguna a endurecer las penas por corrupción. En este país sigue saliendo a cuenta prevaricar y malversar. Más duro es el castigo por robar una bicicleta en un garaje. Digo yo que, siendo mayor el daño generado y el número de damnificados, correspondería ajustar las penas y veríamos cómo responde el personal. Diez o quince añitos a la sombra -íntegros y, por supuesto, resarciendo íntegramente el perjuicio generado- y evaluamos el efecto en unas legislaturas. ¿Les parece?
