Tras el descalabro electoral de EH Bildu en el País Vasco en las dos últimas elecciones generales como consecuencia de la irrupción de Podemos en el escenario político, ha surgido una supuesta polémica sobre si el exmiembro de ETA Arnaldo Otegi podía o no presentarse en las próximas elecciones autonómicas vascas como candidato a lehendakari. Y decimos supuesta porque, en realidad, situaciones como la de Otegi están contempladas en las leyes penales y electorales sin necesidad de que se creen falsas polémicas alimentadas, en este caso, por un Otegi que tras el fin de la violencia etarra comienza a saber en qué consiste estar sometido al imperio de la ley en una sociedad democrática. Algo nuevo para él y otros muchos como él que tras aprovecharse durante cuarenta años del chantaje que ejerció ETA con el uso de los asesinatos y la extorsión son tratados como ciudadanos sin poder recurrir al tiro en la nuca ni a la colocación de una bomba en los bajos de un coche.
La Junta Electoral de Guipúzcoa no ha tenido ninguna dificultad de interpretación a la hora de aplicar la ley. Con las sentencia de la Audiencia Nacional en una mano, que condenó en septiembre de 2011 a Otegi a pena de cárcel y a inhabilitación especial para empleo o cargo público por 10 años y a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo hasta el año 2021, y con la documentación aportada por la Junta Electoral Central en la otra, la imposibilidad de Otegi de presentarse a las elecciones vascas se sabía imposible.
En un ejercicio de cinismo al que Otegi nos tiene acostumbrados ha dado una vuelta de tuerca a su discurso para aparecer ahora como un demócrata de toda la vida. Afirma Otegi que a él lo que le importa realmente son las políticas sociales y económicas ya que las actuales no son adecuadas para el País Vasco, como tampoco el modelo político de la Transición, la economía española ni su estructura social. Escuchar a alguien que ha defendido el uso de la armas durante su militancia en ETA, que continúa llamando «lucha armada» a todos los asesinatos y secuestros que durante años se produjeron en España y que sigue sin condenar de manera clara el terrorismo que condicionó durante decenios la vida económica del País Vasco, escuchar a alguien así, repito, defender la necesidad de implantar políticas sociales resulta indignante pero al mismo tiempo asienta el triunfo de la democracia en nuestro país sobre la violencia que durante años ejerció la banda mafiosa etarra y todos sus simpatizantes.
Se muestra de manera clara la intención de los hasta ahora partidarios de ETA reconvertidos en demócratas -lo que supone que entiendan que su «ideario político» nunca tuvo otra base que no fuera la violencia y la extorsión- de dar a su partido un tinte democrático y social para evitar la pérdida de apoyos entre los votantes más jóvenes. Como sabemos en un reciente estudio de la Universidad del País Vasco se decía que muchos de los actuales universitarios vascos apenas saben nada de lo que fue ETA ni del ambiente de presión social sobre los amenazados que hubo durante los años 80 y 90 del pasado siglo en decenas de pueblos y ciudades vascas. Aunque nos cueste creer que sea cierta semejante ignorancia tiene una causa bien concreta: estos jóvenes que apenas sobrepasan la veintena crecieron en numerosos casos en un ambiente y en unas familias que miraron para otro lado durante los años de plomo de ETA. Paradójicamente esa negación de la realidad y ese ocultamiento de la violencia como si nada pasara, mientras los proetarras se daban la gran vida gracias a la extorsión y las subvenciones, ha tenido la consecuencia del traspaso de votos del radicalismo a Podemos, cuyo lenguaje se adapta mejor a esa masa de votantes relativamente jóvenes que tienen un ideario político confuso mezcla de diversas reivindicaciones.
Dijo hace unos días Arnaldo Otegi que Podemos había nacido para ser la solución pero que se había convertido en parte del problema al no asumir la formación morada, de manera clara, la independencia del País Vasco. En otro tiempo esta afirmación hubiese sido una amenaza y, posiblemente, que hubiesen aparecido pintados los nombres de sus principales dirigentes en el centro de una diana en las paredes de cualquier ciudad vasca.
Como siempre que hablamos de la banda mafiosa ETA recordamos a una de sus víctimas. El 23 de febrero de 1984 dos terroristas disfrazados con mono de trabajo llamaron a la puerta del domicilio del senador Enrique Casas. Confiado por el disfraz les abrió la puerta. Tras recibir dos balazos salió corriendo por el pasillo mientras llamaba asesinos a los etarras. Los asesinos le siguieron y cuando cayó al suelo recibió 13 disparos más en la espalda. Tenía 40 años. Los terroristas se fueron tranquilamente en el ascensor. Nadie vio nada.
