El escándalo de los papeles de Panamá, considerado como la filtración de documentos más grande de la historia, reveló la creación de más de 200.000 empresas offshore a través de 21 paraísos fiscales, durante las cuatro últimas décadas, mostrando una vez más que el sistema financiero está configurado para socavar la economía mundial.
A través de la creación de empresas offshore, es decir, empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia, las empresas trasnacionales, los corruptos o los criminales han venido trasladando sus patrimonios hacia paraísos fiscales, confirmando así la existencia de una gran industria de empresas offshore encargadas de construir y tejer complejas estructuras empresariales que permiten ocultar recursos activos, evadir impuestos y esconder dinero procedente de la economía ilegal.
En los últimos 40 años, hasta 2010, la riqueza privada escondida en paraísos fiscales se calculó entre 21 y 32 billones de dólares. En el caso de América Latina y el Caribe, este monto asciende a 2 billones de dólares, siendo México el país que registra mayor salida de flujos hacía paraísos fiscales. Lamentablemente, la proporción de riqueza depositada en paraísos fiscales es mucho mayor en el caso de países en desarrollo que en los países desarrollados.
Actualmente no existe una lista única de paraísos fiscales que identifique a países que brinden incentivos nocivos y altos niveles de secretismo. Cada país establece sus propios criterios al momento de definir si un territorio es considerado o no un paraíso fiscal, y en muchos casos, esta designación responde a un proceso o negociación política, más que a un análisis serio de las características regulatorias del país.
De cualquier forma, la clasificación más conocida y empleada es la realizada por la OCDE, que en los últimos años ha dejado de considerar como paraísos fiscales «no cooperativos» a todas las jurisdicciones que se comprometían en implementar estándares de transparencia e intercambio de información. Es así que todas las jurisdicciones consideradas anteriormente como paraísos fiscales, hoy ya no son parte de la lista por haberse comprometido en mejorar la transparencia y el establecimiento de un intercambio efectivo de información en materia tributaria.
En el caso de América Latina, hemos analizado los listados de paraísos fiscales para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana, Uruguay. Todos ellos cuentan su propia lista de paraísos fiscales. Argentina y Ecuador cuentan con los listados más amplios de paraísos fiscales, con 93 jurisdicciones, seguidas por El Salvador con 78 jurisdicciones.
Para los países de América Latina analizados, 7 jurisdicciones están presentes en todas las listas nacionales de paraísos fiscales: Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, Islas Cook, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía. Si comparamos estas listas con el Índice de Secreto Financiero de Tax Justice Network, encontramos una discordancia, ya que muchas son jurisdicciones opacas por las que transitan enormes flujos financieros pero no tienen una relevancia correspondiente a su nivel de inserción financiera mundial. Por ejemplo, Suiza solo está presente en el 20% de listas analizadas.
A nivel mundial se están tomando medidas para frenar el uso de los paraísos fiscales, así como el sacar provecho del secreto bancario a través de diversos mecanismos que permitan el Intercambio Automático de Información, entre ellas, la iniciativa de la OCDE, FATCA impulsado por EE UU, así como a través de diversos acuerdos de doble tributación. En el marco de la OCDE, 101 jurisdicciones han manifestado su compromiso con el intercambio automático de información, que implicaría intercambiar información estandarizada de manera automática de todas las cuentas financieras de los residentes fiscales de dichos países, con una frecuencia anual. México fue el primer país latinoamericano que manifestó en 2013 su intención de apoyar el modelo de intercambio.
Del mismo modo se viene empujando la iniciativa de contar con un registro de beneficiarios finales, que permita conocer quién, en última instancia, tiene el control de la empresa y se beneficia de ella.
Lamentablemente, estas iniciativas no contemplan que la información recolectada sea de acceso público lo cual limita la efectividad de las mismas logrando debilidad en su verdadero alcance e impacto. La apuesta de la sociedad civil es que esta información sea de libre acceso para que tanto los hombres y las mujeres de prensa, así como la sociedad civil tengan un rol fiscalizador sobre todo frente al poder corporativo.
