Aparecía la semana pasada una noticia en este diario que, en la forma en que se expresó, pudo conducir a una idea equivocada acerca de un proyecto que lleva meses gestándose y en el cual participan, aunque a título personal, relevantes personajes pertenecientes a instituciones universitarias, jurídicas, económicas y sociales en general, de esta provincia y del resto de la Comunidad Valenciana. Como promotor, junto con otros muchos de esta iniciativa, he considerado conveniente proceder a una clarificación de la noticia en la forma en que se plasmó. En ella se afirmaba la creación de un lobby alicantino para la proposición de reformas legislativas que afectaran a nuestra provincia. Nada más lejos de la realidad. La idea y el fin del proyecto promovido es la creación de una Academia, de ámbito autonómico, como marca la ley, de Ciencias Sociales en general, jurídicas, económicas, políticas y otras. Una Academia sujeta a las normas que regulan este tipo de instituciones, ya centenarias, en España y en nuestra Comunidad, que cuenta con una regulación propia.
No se trata, pues, de lobby alguno, de grupo de presión alicantino, ni su finalidad es la de proposición de reformas legislativas en relación con temas de esta provincia. Y no es porque sea rechazable que un grupo de juristas pudieran constituir esa suerte de lobby con tal función loable y lícita, sino porque, en este caso, no es este el fin, ni el cometido de una Academia cuyas aspiraciones son mucho más amplias, más académicas y de análisis de la realidad, más tendentes al desarrollo de las ciencias sociales y menos activa en cuanto a la posible participación de sus integrantes en debates que pudieran mermar su imparcialidad. Unir a instituciones, aunque sus miembros, insisto, participen a título personal, en una idea común, exige reforzar la independencia de sus integrantes y de aquello a lo que representan indirectamente y, por tal razón, excluir toda pretensión que pueda de alguna forma tender a la toma de posición en relación con los asuntos e intereses que afecten a su posición de neutralidad. Máxime cuando en la Academia participan magistrados cuya independencia es refractaria a toda participación en actividades que puedan hacerla peligrar y que impedirían su concurso por su propio estatuto. El carácter científico, cultural, de análisis es el que determina esa posición que la noticia pudiera poner en riesgo antes incluso del nacimiento de un gran proyecto común, que no se personaliza en nadie y que a todos pertenece. Su fin es el estudio, el análisis, la investigación y promoción de las ciencias sociales, como rezan los estatutos elaborados para su aprobación.
Esos los cometidos, amplios, generosos, comunes y gratificantes para quienes la conforman, así como beneficiosos para la sociedad en la que se incardinan. La Academia puede ser voz común de una sociedad necesitada de elementos que integren a los diversos sectores que la componen en la identificación y estudio de los problemas que nos afectan. Pero, también, son espacio para la reflexión, para el debate, para la publicación de trabajos de interés científico, de reconocimiento de nuestros mejores estudiantes, de lugar de encuentro común, pero siempre desde la perspectiva del análisis riguroso de la realidad y sin constituir un elemento de presión, aunque sea lícito, ni un lugar que pudiera ceder su personalidad y neutralidad ante intereses de cualquier naturaleza, privados, partidistas o sectoriales.
Un proyecto éste que debe ser reconocido por su perfil auténtico y que se integre en la sociedad siendo recibido sin rechazo alguno por nadie. Un proyecto común en el que todos tienen o deben tener voz y palabra. Un proyecto nacido en Alicante, pero con vocación amplia hacia toda la Comunidad, como establece la legislación vigente y quieren sus promotores. Un proyecto ilusionante que se ha mimado desde su génesis, como elemento de integración, sin personalismos, propiedades de ninguna institución pública o privada o personas. Un proyecto que ha sido apoyado por la Diputación Provincial desde el primer momento, con plena conciencia, no obstante, de que el mismo tenía unas características que exigían independencia. Y así se ha forjado y entendido por la institución.
De esto a un mero lobby o grupo de presión alicantino, media un abismo, el que no se debe recorrer por una Academia pervirtiendo su naturaleza y función y, tal vez, frustrando desde su origen lo que se quiere que sea y exige la ley que regula su funcionamiento. Poco creíble puede ser un proyecto que, bajo una apariencia legal, pretenda convertirse en otra cosa. Y es que, por el contrario, los promotores no quieren esa otra cosa; quieren una Academia que como tal desarrolle las funciones clásicas de estas instituciones. Cualquier interpretación que se haga de ella y se aparte de los estatutos, debe ser considerada errónea y ajena a la voluntad de quienes la hemos promovido.
La Academia de Ciencias Sociales que se presenta para su aprobación quiere ser eso, una Academia, de todos y para todos y desde el inicio preservar su independencia, que es la de sus miembros. Solo así podrá cumplir los fines que la justifican y los objetivos que persigue.
