Palabras gruesas

Una sentencia desalentadora

21.08.2016 | 04:12
Una sentencia desalentadora

En los inicios de este anómalo verano, no por las medusas o los calores sino por seguir en manos de un irresponsable Gobierno provisional y de unos políticos que están protagonizando un espectáculo lamentable, nos encontramos con una polémica decisión del Tribunal Constitucional que ha pasado casi desapercibida, a pesar de su trascendencia y significado. Mediante sentencia del Pleno del Tribunal, el Constitucional desestimó el pasado 21 de julio el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Navarra contra el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, que llevaba el sarcástico nombre «de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones». Con realismo, se bautizó a este RDL como «el apartheid sanitario», al dejar fuera de atención sanitaria a miles de personas de nacionalidad española e inmigrantes, con la excusa de que ello se hacía «para garantizar la estabilidad presupuestaria», en plena locura de recortes, copagos y privatizaciones impuestos por el Gobierno del PP en los primeros años de la pasada legislatura.

Resulta llamativo que la salud y la vida de las personas se sometan en nombre de una supuesta «estabilidad presupuestaria» por el mismo Ejecutivo que ha elevado la deuda pública a un máximo histórico del 100,9% del PIB y más de 1,107 billones de euros, frente al 70% dejado por Zapatero, un nivel actual que España no vivía desde hacía más de cien años, en 1909. Es otra de las gigantescas mentiras de un Gobierno que repetía machaconamente con indecencia que no se podía gastar lo que no se tenía y que implantaría la manoseada «consolidación fiscal» que bajo el mandato de Rajoy ha incrementado la deuda pública en 363.757 millones de euros más. Otro nuevo dato que cuestiona esa aparente recuperación que se nos vende.

La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional es tan preocupante como desalentadora, habiendo cosechado el rechazo de amplios sectores sociales y de defensa de la sanidad pública, como REDER, una red de colectivos y profesionales implicados en la defensa del acceso universal a la salud y de su incumplimiento, y contando incluso con los votos particulares de tres de los magistrados del Tribunal que no compartieron la sentencia emitida.

Es evidente que tan alto tribunal tiene que considerar elementos de carácter jurídico que prevalecen sobre otras consideraciones, pero por la naturaleza del Real Decreto Ley recurrido y su impacto sobre un derecho tan fundamental como es la salud y el acceso a la sanidad de las personas, el Constitucional no puede omitir otras cuestiones sustantivas que son precisamente expresadas con claridad en los razonamientos desarrollados en los votos particulares. Así, el RDL del Gobierno del PP nunca fundamentó las limitaciones al acceso a la sanidad con la supuesta estabilidad presupuestaria, que ahora sabemos que nunca se ha producido, sin que se aportara un solo estudio, cifra o dato que avalara una decisión de tanto alcance que dejaba fuera de la atención médica a miles de personas y que contó con un rechazo generalizado.

Sorprendentemente, esta sentencia del TC contradice anteriores criterios sobre temas idénticos, que le llevaron al levantamiento de la suspensión de normativas autonómicas de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Valenciana, argumentando que prevalecía «el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad... que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico». El criterio del Constitucional es ahora desconcertantemente distinto sobre un mismo asunto.

Pero además, la sentencia del TC es injusta desde el punto de vista jurídico, contraproducente desde la óptica de la salud pública e ineficiente económicamente, al considerar que todas las personas a las que se deja fuera de la atención sanitaria serán atendidas por las urgencias hospitalarias, una vía mucho más costosa que hacerlo desde el sistema de atención primaria, como han explicado unánimemente sociedades médicas, universidades y profesionales sanitarios.

El propio Gobierno de Rajoy reconoció el fracaso de este RDL 16/2012 aprobado por la entonces ministra Ana Mato, hasta el punto que a los pocos meses de ser sustituida por Alfonso Alonso al frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se anunció en mayo de 2015 (antes de las elecciones locales, claro) que los inmigrantes irregulares y personas sin atención sanitaria volverían a tener estos cuidados básicos, algo que nuevamente confirmó Rajoy en septiembre del mismo año, argumentando que con ello se evitaba el colapso en las urgencias y se atendían las peticiones de los profesionales sanitarios. Quince meses después nada se ha hecho para corregir una medida injusta, cruel y que pone en riesgo la salud pública.

@carlosgomezgil

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