Mucho se ha estado hablando en los últimos tiempos de la hipotética salida de la crisis, pero poco, por no decir casi nada, de aquellos que se han quedado en la cuneta tras los estragos ocasionados por la recesión económica. Una prueba de ello son las 240 familias que están a la espera de una vivienda social en Alcoy, y que deben ser la prioridad absoluta para cualquier gobierno que se precie.
Bien está que el Ayuntamiento, con sus escasos medios y recursos, se esté moviendo en esa dirección, acondicionando viviendas de su propiedad y creando una bolsa para regular los criterios de adjudicación.
En cualquier caso, resulta evidente que la administración local, sóla, no va a poder acabar con este problema, por lo que sería más que deseable que el Consell se implicara de manera directa en hacer frente a esta lamentable crisis social.
