Las seis condiciones impuestas por C's al PP para negociar el «sí» en la investidura tienen más de apariencia, que de realidad. Además de genéricas, muchas necesitadas de mayor reflexión y menos interés mediático, no son exigibles, ni dependen en su mayoría del Gobierno aunque éste se conformara con el apoyo expreso de aquel partido. Requieren de un consenso amplio que nunca hasta el momento se ha producido en materias especialmente sensibles.
-La dimisión o cese de los imputados por corrupción no es medida que pueda acordarse y decidirse con tanta facilidad. Es necesaria una ley que modifique otras muchas y que delimite claramente el momento y el órgano competente para imponerla. No debe olvidarse que el PP planteó esta medida en la anterior legislatura, estableciéndola una vez se abriera juicio oral y que la propuesta encontró tantas reticencias, que tuvo que ser aparcada. Hablar no es hacer y hay cuestiones que parecen convenir más como discurso, que como realización efectiva.
La ley deberá tener en cuenta que no pueden ser los jueces los que acuerden esta resolución, sino los órganos políticos, pues la presunción de inocencia se opone a excluir a nadie de su derecho a ocupar puestos públicos sobre la base de una simple imputación, salvo que concurra un riesgo susceptible de exigir una medida cautelar.
Vista la aplicación indebida de la ley y las imputaciones basadas en meras sospechas, no en hechos punibles, la propuesta de C's es peligrosa para el propio Estado de derecho y un riesgo de uso indebido del proceso para fines espurios.
-La supresión de los aforamientos no depende del Gobierno. La relativa a diputados y senadores exige una reforma constitucional; la de cargos autonómicos, de los diferentes estatutos de autonomía. Habrá que ver si todos están de acuerdo, sin que sea posible repercutir en el Gobierno lo que no es de su competencia y depende de muchos que, aunque airean esta medida, no la imponen allá donde pueden hacerlo. Llama la atención que muchos gobiernos autonómicos conformados por los que exigen esta reforma no la hayan puesto ya en marcha en sus respectivas Comunidades.
De todas formas hay que pensar con más detenimiento lo que se quiere hacer y cuál ha de ser el límite. Entre tanto no parece descabellado reformar la ley que regula el procedimiento en estos casos, que data de 1912. La inactividad del legislador es proverbial. Nuestros políticos dedican demasiado tiempo a los platós y poco al trabajo.
-La reforma de la ley electoral tampoco depende exclusivamente de la voluntad de un gobierno que no cuente con una mayoría amplia. Requiere, en las actuales condiciones, de un pacto amplio que dudo mucho se vaya a celebrar a la vista de los múltiples intereses existentes en cada partido. La ley electoral forma parte de las materias que imponen acuerdos casi unánimes, de consensos muy generales. En cuarenta años no se ha conseguido conformar un pacto al respecto y menos en ciertos términos tan expresos como los que solicita C's. Y es que el sistema electoral vigente fue fruto de un acuerdo de 1977 y nunca se ha movido al considerar la mayoría que facilitaba la gobernabilidad. En todo caso, la reforma propuesta, las listas abiertas o desbloqueadas deben ir acompañadas de una reforma del funcionamiento de los partidos, refractarios a la democracia interna. Los viejos y los nuevos.
-La limitación de los cargos públicos a dos mandatos sí es posible mediante una ley, la que, de nuevo comporta la exigencia de una mayoría que no tiene el gobierno, caso de conformarse, requiriendo una más amplia que, estoy seguro, no se va a producir. Otra cosa es que el PP se comprometa a hacerlo. Pero, este tipo de promesas, si no son obligadas y generales, no sirven. Los pactos entre caballeros no son útiles en política si no vinculan a todos sin excepción.
-La creación de una comisión parlamentaria para investigar el caso Bárcenas, me produce rechazo, como cualquier otra comisión parlamentaria. Estas, en un sistema como el nuestro en el que los diputados están sujetos a disciplina de voto, nunca han conducido a nada que no sea la confirmación de la previa decisión adoptada. No sirven, salvo para hacer política. Las comisiones parlamentarias, sin listas abiertas y libertad de voto de los Diputados, carecen de credibilidad en sus conclusiones, siempre las que imponen las fuerzas mayoritarias. Propongo como alternativa que el Congreso estudie la financiación de los partidos políticos en general. Sería necesario, aunque todos se nieguen, analizar las fundaciones de los partidos, vía indirecta de financiación irregular y opaca.
-La única medida que depende del Gobierno es la no concesión de indultos a los condenados por corrupción. Ya existe, sin embargo, un compromiso del ministro Catalá. Pero, si se desea que la medida obligue, es necesario que la ley la contemple.
Todo es humo y búsqueda de impacto mediático. Nadie, sin embargo, afronta la corrupción desde su raíz. No interesa. Es preferible usarla políticamente contra el adversario o contra el enemigo de dentro. Así nos ha ido, nos va y nos irá.
