Nunca he presumido de tener razón sobre un tema discutido y discutible, si bien, ante un asunto tan polémico como el de las tasas judiciales, me alegro enormemente del feliz final que hemos conseguido entre todos.

La triste historia de las controvertidas tasas judiciales, desde su entierro por mandato constitucional por Ley 25/1986 de 24 de diciembre (recordemos aquello de que la Justicia debe ser gratuita) hasta que el ínclito exministro Gallardón las resucitó mediante la Ley 10/2012, tiene en esos años connotaciones de carácter social, muy al aire de nuestros políticos, que prometían y hasta juraban la finalidad benigna de esas tasas.

En principio, una tasa o incluso un impuesto no pueden ser benignos, ¡que yo sepa, las cargas no son buenas! Y la primera finalidad de nuestra tasa judicial, según el señor Gallardón, era dotar a la Administración de Justicia de mejores y más eficaces medios, además de -algo novedoso- «tener fondos para asumir el costo de la justicia gratuita». En síntesis, retribuir «dignamente» y sin excesivas dilaciones el turno de oficio. Sí, sí? creerlo, y así lo manifestó a través de todos los medios de comunicación buscando dar amparo a tan impopular medida. Recuerdo que en la XXI Reunión Nacional de Jueces Decanos de España (Vitoria, noviembre de 2011) el mismo señor Gallardón calificó nuestra Administración de Justicia como -y cito textualmente- «obsoleta, añosa, desnortada y caótica, incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza, ni hacia dentro ni hacia fuera» Y claro, todo ello lo iban a arreglar las tasas, según el exministro.

Tuvo que tomar posesión Rafael Catalá (antiguo secretario de Estado con Aznar) en septiembre de 2014 para que, de inmediato, retirara las tasas para las persona físicas, manteniéndolas para las jurídicas. Y ahora, por fin, hace unos días, el Tribunal Constitucional las suprime en su totalidad por injustas y desproporcionadas. Pues bien, creo que, en esta ocasión, tenía razón, tal y como he venido manteniendo, no sólo en este diario, sino en diversos foros. Y, de nuevo, surge la pregunta del millón ¿Dónde está lo recaudado?

Catalá, mucho más moderado y dialogante que su antecesor, impulsó en sólo tres meses, 23 leyes, mientras Gallardón 25 en tres años. Sin embargo, al menos que yo sepa, no nos ha podido o sabido explicar cuál es el paradero de los millones de euros recaudados por las tasas. Sólo sé que no aparecieron en los Presupuestos del Ministerio de Justicia para el 2014 y también sé que la administración de la Justicia sigue siendo «obsoleta y caótica». A lo mejor hay que pensar por qué a mi generación nos encantaba Carpanta, que era un mentiroso.