Durante el pasado domingo sucedieron unos hechos especialmente graves en la plaza de toros de Alicante que deberían suponer un toque de atención definitivo para todos, principalmente para los representantes institucionales y para aquellos que deben velar por que se cumplan los derechos de los ciudadanos.

Al llegar al coso de la Plaza de España se pudo observar cómo un grupo de no más de cuarenta personas mostraban pancartas con mensajes antitaurinos y gritaban, alguno con megáfono en mano, proclamas y vejaciones al paso de los aficionados a los que tendieron un vergonzante pasillo. La imagen recordaba a la de los judíos desfilando entre la mirada insidiosa de los nazis cuando los sacaban de sus ciudades para llevarlos a los campos de concentración. Mientras tanto, la autoridad competente observaba y permitía. Casi como entonces.

Cabe preguntarse, ante situación tan humillante, si dicha concentración tenía los pertinentes permisos de las autoridades. Si se permitió, cabe colegir que sí. Pero resulta sospechoso que en las redes sociales, territorio donde en mayor medida se mueven estos grupos radicales, apenas se pueda encontrar alguna alusión a esa convocatoria, según la cual, y para general conocimiento, todo fue organizado por la Plataforma animalista de Alicante, con la participación de AACME de Elche, CADBE y Los Verdes de Benidorm, PACMA Alicante, Podemos Animalista Pais Valencià y Frente Cívico Somos Mayoría Alicante. Frente «cívico», anótese la cruel ironía y paradójica asociación de significados. Por otro lado, según comunicado de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Dirección General de la Policía distribuyó una instrucción general de obligado cumplimiento a partir del 10 de abril de 2015 para la Policía Nacional en todo el territorio español, donde se especificaban ciertos protocolos ante las manifestaciones de grupos antitaurinos para evitar que puedan celebrarse en el lugar y hora de los festejos y eventos taurinos. ¿Por qué no se cumplieron dichas directrices? ¿Por qué razón, cuanto menos, no obligaron a los antitaurinos a ubicarse en otro lugar donde no pudieran agredir verbalmente a quienes se dirigían a contemplar un espectáculo totalmente legal? ¿De acuerdo con qué legislación los aficionados a los toros deben ser tratados como ciudadanos de segunda?

La imagen resultó vergonzante: vecinos de todo tipo y condición, desde ancianos a madres con sus hijos menores, tuvieron que aguantar estoicamente las vejaciones, gritos y provocaciones constantes de unos cuantos energúmenos, esos que curiosamente dicen defender la paz, la convivencia y cosas por el estilo. La mayoría, eso sí, bien pagados para acudir a estas concentraciones. ¿Quién demostró respeto y educación, amén de convivencia pacífica y un aguante a prueba de bombas? ¿Qué ocurrirá el día que algún aficionado se rebele y acabe respondiendo a las agresiones constantes? ¿A quién echaremos la culpa entonces?

Para mayor premeditación y alevosía, a la muerte del tercer novillo saltaron al ruedo cuatro de esos «concentrados» para mostrar no se sabe bien qué carteles y lanzar dos botes de humo que causaron dos nubes de color verdoso que se expandieron hacia los tendidos y provocaron cierta alarma en los asistentes. Ahí sí fueron rápidamente reducidos por la policía. Con este acto el extremismo animalista cruzaba la delgada línea roja que separa la libertad de expresión del ataque casi terrorista. En un estado de derecho no se puede consentir ni auspiciar este tipo de agresiones que ponen en peligro la salud y la seguridad de los ciudadanos de bien.

Ese ataque ignominioso del domingo merece la total repulsa de todos aquellos que creen en la democracia y en la libertad. Si lo sucedido en la plaza de toros hubiera ocurrido en otro entorno o actividad, muchos hubieran sido los que hubieran mostrado su pública condena y repulsa ante un acto tan execrable. ¿Piensan alzar su voz también en esta ocasión, o volverán a estigmatizar y desmerecer a los aficionados?