Una y otra vez, Mariano Rajoy repitió hasta el cansancio que las pensiones eran una «línea roja» que su gobierno no tocaría; una más de esas barreras que sin embargo, de tanto manosearlas, ha acabado por emborronar mediante una gestión tan negligente como irresponsable que ha colocado el sistema de pensiones al borde del colapso.
Desde hace tiempo, la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) junto al Banco Mundial vienen presionando a España y a otros muchos estados para que reformen su modelo de pensiones públicas, algo que han podido forzar en países sometidos a planes de rescate, como Grecia, Portugal e Irlanda. De hecho, el informe que promovió el Gobierno del Partido Popular sobre esta materia abría la puerta a importantes cambios bajo la excusa de que «el sistema de seguridad social y pensiones no es sostenible, agravado por los cambios demográficos y el aumento en la esperanza de vida». Ahora bien, cualquier gobierno debería de trabajar para reforzar y mejorar una parcela tan importante del Estado, en lugar de actuar como ha hecho Rajoy, como un auténtico Caballo de Troya que desde dentro del propio Ejecutivo ha dañado todo el modelo de pensiones hasta ponerlas en situación de riesgo, algo de lo que, por cierto, se habla muy poco a pesar de su gravedad y trascendencia.
Desde el inicio de la crisis, la Seguridad Social ha perdido unos 3,5 millones de cotizantes debido a la destrucción de empleo, habiendo recuperado únicamente 1,6 millones de nuevos cotizantes. Sin embargo, estos nuevos lo hacen en condiciones muy distintas, debido a que la temporalidad, la precariedad y el notable descenso en las bases de cotización, aportan contribuciones muy bajas para nutrir el sistema de pensiones. Como consecuencia de ello, en los últimos años se ha generado un déficit gigantesco para pagar las pensiones en España, que solo en el año 2015 se elevó hasta los 16.700 millones de euros. Al mismo tiempo, las políticas laborales impulsadas por el Gobierno del Partido Popular apuestan por la bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que unido al notable descenso en los nuevos salarios que se abonan está aumentando el déficit en los recursos necesarios para el pago de las prestaciones a los 8,5 millones de pensionistas que en España las cobran cada mes.
Y ante este panorama desolador, el Gobierno ha venido utilizando el Fondo de Reserva de Pensiones de manera compulsiva para tapar el gigantesco agujero de su política laboral, llevándolo a una situación cercana a la liquidación. Así, mientras que en el año 2012 el Fondo tenía unos recursos de 66.815 millones de euros, a base de sacar el Gobierno del PP más y más dinero de esta hucha en los últimos cuatro años se ha reducido hasta los 24.175 (a julio de 2016), lo que significa que en la última legislatura se han perdido 42.640 millones de euros, de los cuales, 17.500 millones los ha gastado este Gobierno en funciones para hacer frente a las pagas extraordinarias de 2015 y de julio de 2016. Es como si en medio de la provisionalidad de Rajoy y sus ministros, hubieran decidido acelerar la liquidación del Fondo de Reserva de Pensiones. Hasta el punto que se estima que este Fondo se acabará en diciembre de 2017, sin que nadie haya movido un dedo para plantear una alternativa que asegure que a partir de entonces se van a poder seguir pagando con normalidad las pensiones de los jubilados en España.
Más llamativa aún que la actuación irresponsable y negligente del Gobierno del PP en política de pensiones es el bajo perfil que toda la oposición tiene sobre el gigantesco tsunami que como consecuencia de ello se está formando, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. La actuación imprudente del PP tiene un propósito muy claro, tratando de generar una situación de insostenibilidad sobrevenida del sistema de pensiones públicas en España que lleve a forzar la introducción de un sistema mixto en el que junto a las cotizaciones a la Seguridad Social, se introduzca un sistema de capitalización, mediante el cual cada trabajador ahorre para su pensión futura a través de un fondo privado, en línea con lo que piden diferentes instituciones financieras internacionales desde hace tiempo.
Lo que pone en riesgo el sistema público de pensiones en España es la falta de cotizantes a la Seguridad Social como consecuencia de encabezar a nivel mundial las tasas de desempleo, particularmente de paro juvenil. ¿Nadie considera que esa debe ser la prioridad política y económica para cambiar el rumbo de nuestra sociedad y, con ello, garantizar las pensiones futuras? Todavía estamos a tiempo de evitar lo que puede ser un colapso histórico en el sistema de pensiones en España.
@carlosgomezgil
