Es práctica habitual que, ya entrados en el verano, se den a conocer algunas decisiones difícilmente digeribles en otros momentos. Son esos pequeños marrones que se sueltan sutilmente, de tapadillo, deseando que duerman el sueño de los justos a la mayor brevedad. Este año no iba a ser menos y ahí tienen dos noticias de especial interés para el futuro inmediato de la Comunidad Valenciana. De una parte, la presentación de unas nuevas balanzas fiscales que siguen evidenciando un reparto injusto de la financiación autonómica. De otra, el reemplazo de catorce altos cargos en la Generalitat, cuando apenas ha transcurrido un año de legislatura. Si malas son las carencias presupuestarias, peor serán cuando vienen acompañadas de inestabilidad en la gestión.
Lo de la financiación autonómica sobrepasa el límite de la paciencia humana. Y es que, ante la desfachatez de la que hace gala el dúo Montoro-Beteta, hasta el santo Job hubiera estallado. Mientras el Secretario de Estado de Administraciones Públicas exige el adelanto del cierre presupuestario en la Generalitat, el ministro reclama la desaparición de empresas municipales de cierta relevancia social. Olvidan que no todos los servicios públicos pueden aspirar al deseado equilibrio de ingresos y gastos. Tampoco es exigible porque no todas ellas tienen un objeto estrictamente mercantil o de lucro. Con todo, sus reclamaciones podrían ser comprensibles, si no fuera porque ellos son los responsables directos de la infrafinanciación que padecemos.
A principio de semana, el ministerio de Hacienda presentaba los saldos fiscales de las comunidades autónomas. Dudo que la respuesta de los valencianos les preocupara lo más mínimo, convencidos de que daremos buena prueba de nuestro característico «meninfotisme». Ya saben, ese innato pasotismo que define a una comunidad que traga con lo que le echen. Antes de entrar en materia -nada nuevo, por otra parte-, permítanme un detalle que como alicantino no puedo dejar escapar. En el documento se hace referencia a una comunidad autónoma denominada Valencia. Así, como suena, nada de Comunidad Valenciana. Una cosa es utilizar el gentilicio y otra, bien distinta, borrar de un plumazo un territorio histórico, reduciéndolo al «cap i casal». Una práctica que ha sido habitual durante décadas en algunos ministerios, gobiernen unos u otros. Supongo que alguien ya habrá advertido del error a quien proceda, en Madrid. O no, quién sabe.
Las balanzas fiscales evidencian el grado real de redistribución de riqueza entre las distintas comunidades autónomas. Cabría esperar, por tanto, que las regiones más pobres fueran receptoras, mientras las más ricas aporten esos fondos que permiten un más justo equilibrio interterritorial. Pues nada, hasta en esto somos especiales. Un año más sigue incumpliéndose este principio respecto a la Comunidad Valenciana. Somos pobres de narices -nuestro PIB per cápita apenas alcanza el 85 % del promedio nacional- y, aun así, seguimos aportando más de lo que recibimos. Destinamos el 1,5 % de nuestro PIB a compensar los agujeros del resto del país. Un caso único que se contrapone con algunas de las comunidades más ricas que, como País Vasco o Aragón, ven mejorar su economía con saldos fiscales positivos. Otra cosa no, pero solidarios somos hasta la estupidez.
Al margen de su consolidada cronicidad, inquieta el escaso impacto que esta situación genera en la opinión social. Preocupados por asuntos más mundanos, como mucho se ha hablado de si los madrileños aportan más o menos que los catalanes. Puesto que esta comparación no nos afecta en absoluto, debería importarnos un rábano. Hubiera sido más deseable un mayor apoyo a las protestas del conseller de Hacienda, Vicent Soler, al que solo le resta el derecho a la pataleta que ya ejerciera su antecesor, el popular Juan Carlos Moragues. Por cierto, que desde el PPCV no se han inmutado ante este nuevo agravio. Siguen sometiéndose a las decisiones de Madrid antes que defender los derechos de la Comunidad Valenciana. Nada nuevo.
Nos quedamos sin dinero y, mientras nos sangran, en la Generalitat aún andan ajustando las piezas del complejo rompecabezas de la coalición de gobierno. A la espera de que Antonio Montiel decida si Podemos entra o no en el reparto del pastel, Ximo Puig y Mónica Oltra han tenido que modificar el 15 % de los nombramientos de altos cargos. Demasiado cambio en tan poco tiempo, como larga ha sido la espera en adoptar decisiones. Finalmente, cambios obligados ante conflictos que han ido lastrando la acción de gobierno.
Dicen que el objetivo es reforzar áreas que precisaban un impulso en la gestión. Tal vez fuera más eficiente aportar ideas sin recurrir a la creación de cargos innecesarios. Por otra parte, la remodelación del gobierno valenciano ha afectado a algunos departamentos -como Sanidad o Economía- en los que es manifiesto que, detrás de los ceses, existe un enfrentamiento personal entre los socios del ejecutivo valenciano. Difícil será evitar nuevos roces, mientras los altos cargos sigan respondiendo a instrucciones de uno u otro partido, en vez de a una acción coordinada de gobierno.
Desde la oposición -léase PP y Ciudadanos- critican el coste pero no es éste el aspecto más importante. Sirve, eso sí, para deslegitimar el argumento que Mónica Oltra utilizó ad nauseam en la anterior legislatura. Y es que, una vez en el gobierno, se aprende que no es lo mismo predicar que dar trigo. La realidad es que el actual Consell ya tiene más altos cargos que en tiempos de los populares. Lo que antes fuera criticable, hoy se justifica como necesario. Con todo, benditos sean los 500.000 euros que puede llegar a costarnos el reajuste, si éste conlleva una mejor gestión. Aunque motivos hay para dudarlo, por supuesto.
Por más que algunos alardeen de lo contrario, parece que no ha sido tan buena idea eso del «mestizaje». Si ya es complejo gestionar, imaginen cuando hay que hacerlo evitando los palos que van apareciendo entre las ruedas. Va siendo hora de ofrecer soluciones y dejar de perder el tiempo en guerras cainitas. O mestizas, según prefieran.
