04 de agosto de 2016
04.08.2016
Impresiones

La cooperación internacional para el desarrollo

04.08.2016 | 04:42
La cooperación internacional para el desarrollo

Desde la década de 1970, varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en particular los europeos, han comenzado a destinar una parte de sus recursos públicos para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, gestionada por sus centrales sindicales y agencias de cooperación de organizaciones de la sociedad civil de los países industrializados. Estos recursos fueron importantes para apoyar el restablecimiento de los sindicatos reprimidos por los gobiernos dictatoriales en varios países de América Latina, África y Asia, y para apoyar la sociedad civil en los países en desarrollo.

Por otro lado, esta política de cooperación presentó varios problemas, como insuficiencia de recursos, limitación temática, condiciones inadecuadas, análisis de objetivos insuficientes, dificultades de operatividad, entre otros. Sin embargo, estos problemas se resolvieron en lo posible por medio del diálogo democrático entre donantes y receptores. Mientras tanto, fueron elevadas varias propuestas, como por ejemplo la adopción de un nivel mínimo de 0,7% del PIB para financiar la cooperación internacional, el criterio 20-20 para fijar contrapartidas, los nuevos métodos para desarrollar proyectos y medir resultados, entre otros.

Desde la década de 1980, se percibió que la transferencia total de recursos de países «en desarrollo» pagaban a los países «desarrollados» a título de deuda externa comenzó a superar en hasta tres veces la cantidad invertida en la cooperación internacional de los países industrializados.

Por otra parte, en la década de 1990 –que fue la década de conferencias sociales de la ONU– quedó evidente que los objetivos y metas aprobadas por la ONU eran totalmente incompatibles con las directrices económicas draconianas emitidas por las instituciones económicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional(FMI), el Banco Mundial y la organización Mundial del Comercio (OMC).

Cabría ahora preguntarse cuáles son las perspectivas. En este nuevo siglo el cuadro empeoró, pues la ofensiva del sector privado sobre los recursos asignados a la cooperación internacional para el desarrollo mira a la privatización de los servicios públicos. En este sentido, en el caso de empresas contratadas para construir una instalación pública, por ejemplo un servicio de suministro de agua, además de que la construcción es financiada con fondos de la cooperación, el contratista también adquiere el derecho a explotar el servicio. Es decir, una situación de win-win con un solo jugador. Esta situación se agrava en la medida en que se fortalecen y concentran las cadenas globales de suministro que avanzan en el sector de los servicios.

Con la excusa de aprovechar los recursos del sector privado para la cooperación, en la práctica se acaba favoreciendo sólo a este sector, pues la privatización de los servicios públicos permite el acceso sólo a quienes puedan pagar por ello.

Otro problema, que ha generado numerosos obstáculos e impedido el enfrentamiento de la pobreza y de otros problemas sociales, es el criterio de la división de las naciones en los países desarrollados, países menos desarrollados y los países de desarrollo o renta media. En particular, este criterio ha sido extremadamente perverso, pues considera un promedio del ingreso per cápita apenas superior a la línea de pobreza, e ignora la pobreza y la desigualdad a nivel regional. La adopción de este criterio por la mayoría de los países europeos ha obligado a sus sindicatos y agencias de cooperación a aceptar los criterios gubernamentales para la selección de los beneficiarios de la cooperación, dejando afuera muchos países de renta media con grandes problemas internos de desigualdad.

Al mismo tiempo, en el mercado laboral aumentaron las violaciones de los derechos fundamentales de trabajo en todo el mundo, especialmente en términos de libertad de asociación y negociación colectiva. Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido objeto de ataques desde el sector empleador, para limitar la libertad sindical y extinguir el poder normativo de la institución.

Ante estos hechos es importante y urgente ampliar, democratizar y fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo con el fin de responder a las nuevas situaciones que han surgido en el mercado de trabajo de las cadenas de suministros globales, en particular el intento de las empresas multinacionales de desvincularse de cualquier control estatal a través de los «Arbitrados Inversor-Estado».

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