El último pleno de San Vicente del Raspeig, lejos de poner punto y final a la grave crisis que azota a su equipo de gobierno -integrado por PSOE, Compromís, Guanyar y Sí Se Puede-, no hizo más que escenificar públicamente, entre amenazas y descalificaciones, las rencillas de unos socios que no pueden evitar evidenciar cada dos por tres que no se pueden ni ver. Los afrentados de Compromís se aferran a que la comisión de investigación del caso «Psiconox» ha concluido que no se aprecian irregularidades administrativas en la contratación del servicio de talleres, cursos o charlas en centros docentes por parte de su edil de Sanidad, Isalia Gutiérrez, a una asociación -que da nombre al caso- cuyo presidente es miembro de la ejecutiva de su propio partido. Por su parte, el alcalde, el socialista Jesús Villar, mantiene su decisión de retirar las competencias a la mencionada edil basándose en que «los hechos que motivaron la pérdida de confianza no se han rebatido» en la comisión y en que «no es una cuestión legal si no de ética pública». Pues bien, con una más que reconocida brecha en el equipo de gobierno sanvicentero en la que cabe un Santiago Bernabeu, el portavoz de la coalición nacionalista, Ramón Leyda, no tuvo empacho en aseverar que no dejan el equipo de gobierno «aunque caigan chuzos de punta». No sé qué especie de veneno les entra por las venas a los políticos en cuanto se sientan en el sillón del poder que ya no los saca nadie ni con agua caliente. Se aferran a la autoconvicción de que los ciudadanos les han votado «para que gestionen», como si los votantes supieran quién era Isalia Gutiérrez y nada haya tenido que ver en sus votos el que se presentara en la lista del partido de Mónica Oltra. Ejemplos hay y de todos los colores en el entorno político comarcal. En El Campello, el alcalde Benjamín Soler también tomó medidas por unas adjudicaciones de contratos de la número dos de Centro Moderado-Demòcrates al entorno de su partido y la destituyó como asesora del único concejal de la formación, David Alavés, pese al riesgo de perder su apoyo. ¡Ni de coña! Pese a la colleja del alcalde ahí sigue en el gobierno. El caso más sonado quizás sea el de Alicante, donde de momento los dos tránsfugas de Ciudadanos y Guanyar, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, ya le han costado a las arcas municipales medio millón de euros al bloquear votando con la oposición el acceso a una subvención de la Diputación. Otros dos «ejemplos» de políticos que no se van «porque se deben a sus votantes».
