El mal reparto del mal necesario

31.07.2016 | 04:24
El mal reparto del mal necesario

Es contradictorio que la mayoría de los españoles opinen que en materia de impuestos -un mal necesario-, soportan un excesiva presión fiscal, incluso que su esfuerzo fiscal está al límite, y, sin embargo, el nivel de fiscalidad comparada de nuestro país esté diez puntos por debajo de la media de la Unión Europea ¿Cómo puede entenderse esta contradicción?.


Son muchas las causas a las que obedece, pero en gran parte se debe a la pésima distribución de los tributos, algo a lo que se contribuye desde la estructura de todos y cada uno de los principales impuestos. Si analizamos los principales, vemos que en el IRPF, la mayoría de las rentas del trabajo soportan una fiscalidad muy elevada y, en general, sobre el 100% de sus importes; porque los salarios son difíciles de ocultar dado el papel colaborador de los pagadores, especialmente si se trata de organismos públicos, instituciones y grandes empresas, para los que las retribuciones satisfechas son gastos deducibles. Por el contrario, sobre las rentas del capital -intereses, dividendos, beneficios, plusvalías, etc.- la levedad fiscal es manifiesta, son muchas las percepciones que escapan de las obligaciones fiscales y, en general, los tipos impositivos están por debajo de los de la tarifa general.


Respecto a los rendimientos de los empresarios, autónomos y profesionales, son muchos los que con malas artes recortan contablemente sus beneficios; otros, se acogen a la estimación objetiva -régimen de módulos- y salen muy beneficiados por el cálculo que a ojo de buen cubero les hace Hacienda, ahorrándose parte de la que debiera ser su correcta contribución; y, lo que es peor, posibilitando la comisión de fraudes porque no tienen consecuencias sus irregularidades cuando las realizan.


Y si esto ocurre en el ámbito de la fiscalidad directa de las personas físicas, en el impuesto sobre sociedades, especialmente para las grandes compañías, los tipos de gravamen efectivos que al final soportan, se alejan considerablemente de los nominales que prevé la ley, y son muy bajos respecto a los sufridos por las personas físicas, al acogerse a posibles compensaciones, bonificaciones y prebendas fiscales que les permiten reducir las bases y cuotas, y hasta pagar algo tan ridículo como el 1%, en el caso de las sicav, fondos de inversión, y otros, disfrutando de un injusto paraíso fiscal dentro del territorio, que deja para cobrar mañana lo que no se recauda hoy, cuando más se necesita.


Y en cuanto al IVA, se recauda por el consumo de bienes y por los servicios que nos prestan; pero es un tributo regresivo, porque, proporcionalmente, grava más a los que menos tienen, ya que sus rentas las destinan casi íntegramente al consumo. Así que todos aquellos que apenas llegan a fin de mes con sus ingresos, pagan IVA por el 100% de ellos, mientras que los más pudientes, al consumir sólo una parte de sus ingresos, beneficios, etc., sólo pagan IVA por esa parte, su consumo, librándose del IVA por cuanto ahorran.


Las cotizaciones sociales


Por si no fueran suficientes factores discriminatorios hacia la regresividad del sistema, se exige otro impuesto favorecedor de la desigualdad social: las cotizaciones sociales, o impuesto sobre el empleo, cuya intensidad no es nada leve en España, pese a que desincentiva la creación de puestos de trabajo, cuando nuestro nivel de desempleo es alarmante. El daño es mayor si se considera que por efecto de la aplicación de los topes máximos y mínimos a las bases de cotización, los tipos efectivos que se soportan, son mucho más pequeños para los hogares con altas retribuciones -una media del 6,2%, que para los que reciben menores salarios, _una media del 14,5%-, como evidencia el estudio reciente de CC OO, sobre los datos comparados de los países europeos realizado por Euromod, de la universidad de Essex.


Otra gran parte de las cotizaciones sociales, la que va destinada a la hucha de las pensiones, es un fondo de reserva del que se está aprovechando el Gobierno cada vez más, para curar su falta de liquidez, aunque a cambio, perjudique la tranquilidad y la confianza que merecen las clases pasivas, aunque sea por no elevar la ya de por sí excesiva deuda pública. El remedio es como dice el refrán: pan de hoy, hambre de mañana. Así que la solución exige recuperar, de una vez, los pactos de Toledo.


Pero la justa distribución de los impuestos se ve también muy dañada por el fiasco en la gestión de los tributos, por los efectos perversos que la falta de personal permite que el fraude fiscal no pueda ser más perseguido, que campe por sus fueros y que solo se detecte una pequeña porción y a veces tarde, beneficiándose de los cortos plazos legales de prescripción. Y es obvio que las grandes cifras de fraude se producen en los grandes perceptores: los que más ganan y tienen, aumentando así las desigualdades.


El atentado contra la moral que representan las amnistías; el mal ejemplo dado por los líderes políticos, ídolos artísticos y deportivos y otros personajes que, lejos de servir de cumplir con sus obligaciones tributarias, se prestan a la elusión, al fraude, y el robo, pillaje y apropiación por los maleantes del dinero entregado por los ciudadanos para que se administre bien y no para que se diluya entre fines espurios, contribuyen a esa sensación de escarnio que tanto daña la moral fiscal.


El último caso denunciado por el Tribunal de Cuentas del presunto abono de pensiones a personas fallecidas hace años, es un ejemplo más de la ineptitud, y sean o no ciertas las cifras, la causa a la que se imputan tales desacuerdos estadísticos ya es por sí misma una aberración, porque nadie puede entender que cerca de dos millones y medio de personas en España compartan el mismo DNI con otra persona, algo que a estas alturas de siglo y con los medios informáticos actuales es inexplicable.


El abandono de todos aquellos que siendo responsables de cuidar nuestro dinero viven en la inopia, sin tener presente que viven gracias a nuestros impuestos sin ofrecernos a cambio el rigor en el desempeño de su trabajo, debería servir para enviarlos al paro, y nada se perdería cuando tantos otros hay que están esperando su oportunidad poseyendo valía más que sobrada para mejorar la gestión. Y sobre todo sentido de la responsabilidad.

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