Tribuna

A vueltas con el déficit

30.07.2016 | 03:36
A vueltas con el déficit

El déficit público (déficit fiscal o déficit presupuestario) es la magnitud que refleja la diferencia entre gastos realizados por el Estado en relación a los ingresos no financieros en un determinado periodo (normalmente un año). En el caso español, cuando se habla de déficit público se hace referencia al déficit del conjunto de las administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos). El criterio que sigue la contabilidad nacional para determinar el déficit es un criterio de obligaciones contraídas, independiente de los pagos y los cobros efectuados, y se expresa en proporción al PIB.

España incumplió, una vez más, el objetivo de déficit fijado por Bruselas para 2015, tras cerrar con un agujero fiscal del 5% del PIB, lejos, por tanto, del 4,2% comprometido. El plan inicial era que este año el déficit cayera al 2,8% pero, debido a ese desvío, Bruselas ha cedido de nuevo a las pretensiones del Gobierno, suavizando así el objetivo hasta situarlo en el 3,7%.

Mucho tendrán que cambiar las cosas de aquí al cierre del ejercicio para alcanzar dicho pronóstico, puesto que en los primeros meses de 2016 el descuadre presupuestario se ha mantenido intacto. Las últimas previsiones del Banco de España, por ejemplo, avanzan que el déficit se situará en el 4,1% este año, por encima del 3,7% permitido por Bruselas, al tiempo que retrasa un año, hasta 2018, su reducción por debajo del umbral del 3% del PIB.

De mantenerse este ritmo, por tanto, se repetiría el déficit del 5% en 2016. En concreto, según refleja la ejecución presupuestaria, el déficit apenas se ha reducido un 0,1% interanual hasta marzo. Y esta imperceptible mejora se debe, simplemente, al incremento del PIB. De hecho, el déficit acumulado en términos absolutos no sólo no baja, sino que aumenta en 696 millones de euros en comparación con el registrado en el primer trimestre de 2015.

Si se extrapolan estos resultados al resto del año, el agujero fiscal oscilaría entre el 4,9% y el 5,1% del PIB. El peor caso se calcula ajustando por un gasto extraordinario en 2015 derivado de la devolución de la paga extra a funcionarios y por un superávit de las corporaciones locales que no fuera el del pasado año sino inferior, en línea con la evolución de 2014 a 2015.

En cualquier caso, y con mejor o peor escenario, lo grave es que, al ritmo actual, el déficit se situaría cerca del 5%, muy por encima del objetivo admitido por Bruselas del 3,7%. Es decir, un desvío superior al 35%.

Además debemos tener en cuenta que continuamos, de momento, con un Gobierno en funciones y por lo tanto «paralizado». La falta de Gobierno impide presentar nuevas medidas de ajuste del déficit en 2017. Ello significa que la documentación que el Gobierno remitirá a Bruselas antes de final de año en el marco del Programa de Estabilidad 2016-2019 sólo incluirá las medidas previstas para 2016 y un escenario de política fiscal constante para 2017. De este modo, el Gobierno confía el grueso del ajuste del déficit al crecimiento económico.

Se ha producido un progresivo deterioro en las finanzas públicas y es prioritario que las administraciones apliquen con rigor y con visión a medio plazo las distintas disposiciones de disciplina presupuestaria. También es necesario que se refuercen los mecanismos de rendición de cuentas de la Administración Central y la Seguridad Social que es dónde se encuentra el principal origen del incumplimiento.

España tiene un conjunto de normas (desde el cambio del artículo 135 de la Constitución en 2011 a la Ley de Estabilidad de 2012 y un largo desarrollo normativo) que no se cumplen con la debida diligencia y es imprescindible que se cumplan y se hagan cumplir. Pero un gobierno en funciones no puede maniobrar en este sentido, por eso es de vital importancia que nuestros políticos se pongan de acuerdo de una vez y España tenga un gobierno que deje de estar «en funciones».

Creo que los españoles se están impacientando por el impacto que empieza a tener la incertidumbre política en la economía española. Estamos en un momento en el que todos deben pensar en España por encima de toda consideración personal o ideológica.

La situación exige un Gobierno con plenas competencias, dispuesto a tomar decisiones y con las ideas claras en política económica. Pero lo que se necesita y lo que hay son cosas bien distintas. Lo que hay es un Gobierno en funciones, cuya política económica ha conducido a un exceso de déficit (el déficit estructural es superior al de 2011) y un volumen de deuda pública que rebasa ya el 100% del PIB, casi tres veces más que al comienzo de la legislatura; y hay una muy baja probabilidad de formar nuevo Gobierno. Será además el Ejecutivo en funciones quien tenga que presentar en Europa un nuevo plan de estabilidad para los próximos dos años, a pesar de que su credibilidad en Bruselas es más bien baja y su crédito político está relativamente agotado.

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