El sistema tributario español se muestra incapaz de procurar los suficientes recursos para lograr el equilibrio presupuestario y evitar así un déficit en las cuentas públicas mayor que el que la prudencia y los acuerdos con nuestros socios europeos demandan. La rigidez del mercado laboral y un ineficaz sector público son causa principal de este desbarajuste fiscal. Y el excesivo endeudamiento y la ineficiencia económica sus graves consecuencias.
La falta de flexibilidad laboral, la excesiva regulación en un mercado que necesita adaptarse a las nuevas exigencias de la globalización e integración económica, con una cada vez mayor interdependencia entre los países, es la principal causa de que en España mantengamos un paro estructural tan elevado, concentrado en los jóvenes, las mujeres y los mayores de cincuenta años. La última reforma laboral aprobada por el Partido Popular, y que suele ser criticada tanto por los populistas como por una socialdemocracia a la deriva, ha facilitado que el paro vaya disminuyendo desde su aprobación en febrero de 2012. La cifra de los que manifiestan estar en desempleo aún sigue siendo muy alta, lo que sin duda contribuye a que estemos lejos de alcanzar nuestro PIB potencial y a la necesidad de profundizar más en su reforma. El factor trabajo y una mayor productividad son elementos claves en nuestra economía para lograr mayores tasas de crecimiento por lo que la falta de formación y el alto desempleo son, junto a la corrupción política, el mayor lastre del país.
El sector público español en sentido amplio, es decir el conjunto de las Administraciones y el de las empresas públicas, colonizado por la clase política a través de los diferentes partidos, viene siendo un instrumento para la práctica del clientelismo político y el medio por el cual se cometen toda clase de corruptelas y malversación de los fondos públicos. El nepotismo, el favoritismo hacia los amigos y familiares, el propio interés personal, las componendas entre afines, etcétera, vienen siendo prácticas habituales en la gestión de las empresas públicas, siendo en el poder político de la Administración el lugar de donde surgen las iniciativas para la creación de las mismas y el estamento que aprueba los recursos para ello.
Si las administraciones aún gozan de cierta eficacia en la prestación de servicios y en las operaciones de distribución de la renta solamente debe achacarse a la profesionalización de muchos de sus funcionarios y empleados, sobre todo de aquellos que manifiestan mantener independencia, juicio y criterio frente a muchos dirigentes políticos ineptos e irresponsables que, atrincherados bajo el paraguas de un sistema de partidos en franca decadencia, implementan las más de las veces políticas inútiles e innecesarias para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Obvia decir que para ello emplean ingentes recursos humanos y financieros. Estas prácticas tan habituales, tanto en la Administración central como en las autonómicas, producen un daño irreparable al sistema económico nacional al distraer recursos del sector privado, más eficiente en términos económicos que el sector público.
El déficit público de las administraciones y su elevado endeudamiento tiene su origen en los dos elementos que acabamos de describir, y su corrección depende de iniciar una amplia reforma en sus estructuras más básicas. El anticipar el cobro de los impuestos a las empresas, subir los indirectos, tal y como nos reclaman desde Europa, o rezar para evitar la reprimenda de los comisarios europeos, no hará más que empeorar la situación.
España necesita trabajadores mejor cualificados, con una formación profesional y universitaria que se adapte a lo que demanda nuestra estructura económica; necesita un mercado de trabajo más flexible y abierto que incentive la oferta sin tener que recurrir a las jubilaciones anticipadas, con pensiones públicas que durarán en muchos casos más de treinta años; necesita más investigación aplicada, atraer con estímulos e incentivos al talento y a la innovación; necesita empresas de mayor tamaño, capaces de competir internacionalmente y de crear empleo de calidad; necesita eficiencia y transparencia en la gestión pública, con una mayor condena social hacia los que prevarican y deshonran a la política; y necesita también líderes políticos responsables e inteligentes con capacidad para conformar un Gobierno que lleve todo esto a la práctica.
