Política física

27.07.2016 | 03:55
Política física

El principio democrático por excelencia es «un ciudadano, un voto». Sin embargo, el resultado de los procesos electorales democráticos no refleja siempre la victoria de las mayorías sociales reales. A ver si me explico. Si el proceso electoral se ajustase al principio democrático estricto, los «partidos de los pobres» siempre ganarían las elecciones, porque todos coincidimos en que, en todas partes, los pobres son más numerosos que los ricos. Entonces, ¿por qué los partidos representantes de las minorías ganan muchas veces las elecciones?, o ¿por qué las instituciones de la Unión Europea aplican políticas anti mayorías sociales
Podríamos perdernos hablando de cientos de ejemplos y criticar o justificar según las ideologías aplicadas. También es cierto que ninguna ley electoral es neutra, todas son interesadas y partidistas, benefician a unos y perjudican a otros. Es decir, que modifican o alteran el principio democrático de que todos los votos deben tener el mismo valor. Por tanto, debemos plantearnos que nuestra democracia se rige por algo más que la suma de votos.
Nuestro sistema democrático no es puro, es un sistema democrático alterado para equilibrar las fuerzas sociales, para consensuar una convivencia. La clase minoritaria acaudalada tiene pánico a toda revolución que conlleve la pérdida de su capital y poder, y por tanto, está dispuesta a ceder protagonismo político y repartir los frutos del capital en «la mínima proporción» para evitar cualquier alteración de poder. Por la otra parte, la clase trabajadora ha renunciado a las revoluciones sangrientas de otras épocas y basa su lucha en conseguir un reparto más equitativo de la producción y un Estado protector para los más débiles. Sólo por estas razones, las alternancias en el poder son pacíficas y poco traumáticas, porque al margen de las discrepancias, los adversarios se respetan. Cierto es que unos y otros cumplirán hasta que la otra parte rompa su compromiso.
Imaginemos que vivimos en un sistema piramidal. En la base ancha estaría la población más pobre y numerosa, y según vamos ascendiendo se colocan los ciudadanos por orden de ingresos. Cuanto más arriba de la pirámide, encontramos menos personas pero con mayor fortuna y status. Pues bien, dentro de esa pirámide están en continuo conflicto los intereses de los ciudadanos y de sus grupos. Sin embargo, la sociedad vive en aparente equilibrio, reina una paz consensuada porque la suma de esas fuerzas de intereses se neutraliza en un punto dentro de la pirámide. Digamos que ese punto de equilibrio es el punto de gravedad social resultante de las fuerzas internas, a semejanza de las leyes físicas. Es decir, que el punto de gravedad, o de equilibrio, se puede desplazar a voluntad por toda la pirámide si los actores sociales alteran las fuerzas. Y según el lugar que ocupe ese punto de gravedad dentro de la pirámide, pues beneficiará más a unos ciudadanos que a otros, y sin romper el equilibrio consensuado. Cuanto más abajo se sitúe, más beneficios obtendrán las clases altas, y cuanto más arriba, los más pobres. En un proceso constituyente, ese punto de gravedad nunca será el término medio y siempre determinará el sistema electoral.
Los actores sociales, políticos y económicos maximizan sus beneficios no sólo en los procesos electorales, sino también actuando sobre las fuerzas que les son favorables. Para ello hay un sinfín de herramientas que cada grupo de interés maneja con maestría y/o con dinero, como son la legislación, la judicatura, la economía, la política, los mercados, los lobbies, la huelga de capital, las privatizaciones, la calidad y cantidad de trabajo, los partidos políticos, las ideologías, las religiones, la educación, la cultura, los sentimientos nacionalistas, la huelga de trabajo, los disturbios callejeros, la represión, los medios de comunicación, la opinión pública con un ejército de líderes sociales, políticos, economistas, empresarios, actores, sindicalistas, profesores, científicos?
Si algún grupo de interés, en un acto egoísta e irresponsable, expande en exceso las fuerzas que les son favorables, a semejanza de la física el centro de gravedad social se desplaza y puede situarse fuera del cuerpo, en este caso fuera de la pirámide. Esta acción equivale a una ruptura del sistema político, a un suicidio colectivo y al fin de la convivencia pacífica consensuada. La pirámide podría desmoronarse como un castillo de naipes. La Constitución debería prevenir tal situación extrema y peligrosa, por ejemplo dando competencias al Jefe del Estado. Tenemos que preguntarnos si un presidente de la República con las competencias adecuadas para defender el Estado y la Constitución hubiese permitido que un gobierno partidista desplazase el punto de gravedad social fuera de la pirámide, con el consiguiente saqueo de las arcas públicas, el endeudamiento y el empobrecimiento generalizado de los ciudadanos españoles.

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