No hace falta que repita -o quizá sí- que soy un firme partidario de reabrir Ràdio Televisió Valenciana. Lo dije antes. Lo he dicho mientras la cadena ha estado cerrada por orden del PP. Y lo digo ahora que la ley que facilitará reanudar las emisiones ya está aprobada. Somos el único territorio de Europa con una lengua propia que no dispone de un sistema de difusión cultural y de promoción -lingüística, deportiva, festiva, turística, musical...- tan potente como una radio y una televisión. Es necesario un medio de comunicación público, de calidad, con especial atención a lo más cercano, dedicado a transmitir todo lo que se realiza en nuestros pueblos y ciudades y que sirva de plataforma para la normalización del valenciano. Pero también he dejado claro durante todo este tiempo que es imprescindible no caer en la mala gestión que desplegó el PP durante sus veinte años de dominio «manu millitari» sobre Canal 9 y que, por eso, hay una serie de premisas que se deben cumplir para que esa vuelta no sea otro fracaso. Control del gasto; evitar que los «manipuladores» de la información y responsables de la mala gestión retornen a la cadena; un modelo de comunicación concentrado en el territorio y en el desarrollo del espacio audiovisual valenciano; y, desde luego, un consenso generalizado sobre el papel que debe jugar un medio de comunicación tan potente. La nueva ley, al menos en este arranque, garantiza que se cumplan esas tres primeras condiciones y facilita a su vez las bases para activar mecanismos que permitan alcanzar grandes pactos. Pero a 48 horas de que las Cortes se reúnan para elegir a los miembros del consejo rector que pondrá en marcha la Corporació Valenciana de Mitjans -el nombre que ahora recibirá la antigua RTVV- ese proceso de negociación ha encallado. Y a la izquierda que forman el PSPV, Compromís y Podemos -no sólo obligada a sacar adelante los proyectos que prometió como reabrir Canal 9 sino a hacerlo con unas formas completamente diferentes a las que utilizó el PP- no se le ha ocurrido otra cosa que «empotrar» tres plenos de las Cortes en dos días para imponer, aunque sea sin acuerdo, una nueva dirección para la cadena. Con un presidente que, sin que cristalice ese pacto, sólo contará con el voto de la izquierda y apenas tendrá seis meses de mandato por ley con lo que el proyecto arrancará herido. La nueva «tele» de los valencianos necesita máximo consenso. O eso, o no será la de todos.
