Estas son algunas observaciones que, a primera vista, se pueden hacer sobre el proceso de adjudicación de alquileres realizado por el Patronato de la Vivienda de Alicante.
1. Se abre un plazo de tan sólo un mes (en junio) para recoger las demandas de alquiler de vivienda social (se anuncia en el BOP, la web del Ayuntamiento, en la web de Guanyar y en prensa). Se resuelven las adjudicaciones de los alquileres quedando el resto de demandantes en lista de espera, salvo los excluidos (aquellas personas que no cumplían alguno de los requisitos; la mayoría por no llegar a unos ingresos mínimos de 0,5 veces el IPREM [IPREM en 2016 equivale a 532,51 €/mes], unos 266,25 €).
2. Todas las personas que no se hayan enterado de la convocatoria (las que no lean el BOP, ni la prensa o tengan dificultades para acceder a Internet; hablamos de miles de afectados), y las excluidas de la misma, no tendrán ninguna posibilidad de acceder a un alquiler social del Patronato hasta dentro de dos años. Sólo las que han quedado en lista de espera podrán acceder a nuevas ofertas.
3. En principio no se tiene en cuenta la capacidad económica de los demandantes. Sólo parece valorarse en estos términos: «Serán excluidos aquellos que por sus signos externos de alta capacidad económica, debidamente comprobados, no sean acreedores de ser beneficiarios de una vivienda pública». ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si entregan la solicitud con un Rolex en la muñeca se comprobaría su capacidad económica?
4. El hecho de que a las familias sin ingresos se les niegue el derecho a acceder a un alquiler social en una vivienda del Patronato, supone un completo despropósito. Se excluye a aquellos que la sociedad ya está excluyendo, cuando el principal objetivo de la vivienda social, dada la situación actual, debería ser empezar a revertir los procesos de exclusión siguiendo la filosofía del «Housing First». Bajo esta decisión del Patronato subyace la concepción conservadora de estigmatizar a los que no trabajan; algo que en la actual situación de paro estructural (no-coyuntural) es una aberración moral.
5. Por otro lado, según los criterios de adjudicación, mientras una familia con ingresos inferiores a 0,5 veces el IPREM (266,25 €) no puede acceder a una vivienda social, una que cobra 3,5 veces el IPREM (1.863,78 €), puede acceder a ella.
6. Según el baremo, una familia que pague un alquiler de 900 € cuyos ingresos actuales sean de 1.800 € recibirá 20 puntos (por «habitar en una vivienda en arrendamiento cuya renta anual sea superior al 30% de los ingresos»), mientras una familia con un alquiler de 200 € que gana 700 € obtiene 10 puntos por no ser superior al 30% de los ingresos. Al no tener en cuenta valores absolutos, sólo los relativos, se puede castigar a la gente con pocos ingresos que malvive en infraviviendas ajustadas a su capacidad adquisitiva.
7. Una mujer víctima de violencia de género que abandona a su maltratador sólo obtiene 5 puntos por este hecho.
Por último, y no menos importante, me gustaría hacer ver a los partidos que integran el tripartito que, si realmente se consideran progresistas, en la actual situación social deberían dedicar todos los recursos posibles para promover el empleo y atender a los sectores más necesitados. Viendo los presupuesto de 2015 y los de 2016, no se observa, para nada, ese esfuerzo. Dedicar 150.000 € a alquileres de familias desahuciadas, mientras se pretende gastar 1.500.000 € en cámaras de vigilancia (caprichito del PSOE, ¡muy mal señor Echávarri!), es sólo uno de los muchos ejemplos que se pueden poner.
Desde 2008, en Alicante se han producido, sólo por ejecuciones hipotecarias, más de 7.500 [según datos del Consejo General del Poder Judicial de 2008 a 2015 se acometieron en la ciudad de Alicante 7.341 desahucios por ejecución hipotecaria, aparte habría que computar los de ejecución extrajudicial, los efectuados por impago de alquiler, las ejecuciones dinerarias?] desahucios que han afectado a más de 22.000 personas (teniendo en cuenta el número de miembros por unidad-hogar del INE: 2,51), el equivalente a desahuciar completamente la población de San Juan de Alicante, o a cerca de la mitad de la población de San Vicente del Raspeig. Aparte hay que contemplar la enorme demanda de vivienda de jóvenes parejas que no pueden emanciparse por cuestiones económicas, bloqueando sus expectativas de formar, en un futuro, un hogar.
Si el Patronato piensa seguir ofertando 36 viviendas cada 2 años, excluyendo a los más necesitados, y el Ayuntamiento decide seguir haciendo gastos presupuestarios desmedidos en temas banales o menos urgentes, no les quepa duda de que la PAH seguirá montando acciones cada vez más contundentes.
A Guanyar le pido que plante cara y se niegue a aprobar partidas infumables, que inste al tripartito a reducir los gastos superfluos todo lo que pueda, e invierta en lo verdaderamente urgente. Y, por favor, negaos a ser gestores de miseria. Vuestra principal labor no debe ser repartir de forma más justa el trocito de tarta que ya daba el PP, sino repartir más tarta... mucha más tarta.
