Diputado no adscrito en la Diputación, ¿por qué?

24.07.2016 | 04:42
Diputado no adscrito en la Diputación, ¿por qué?

Existen muchas razones por las que la existencia de las actuales diputaciones provinciales y los autoproclamados gobiernos provinciales no están justificados en la actual configuración constitucional y territorial del Estado. Desde motivos económicos y de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, pasando por la ausencia de legitimidad democrática directa de sus representantes hasta llegar al propio encaje en un estado autonómico.


Esta semana se ha consumado una nueva evidencia de la perversión institucional y el sin sentido existencial de las diputaciones, que lejos de ser la «Dipu de los Pueblos», más bien parece el cortijo del PP. Se ha consumado la compra, la OPA, la absorción, refundación del PP o como quieran llamarle del Sr. Sepulcre y su equipo a manos de su abogado defensor el Sr. Castillo y del propio Sr. César Sánchez.


Si bien resulta complicado defender la figura del no adscrito, en un ayuntamiento, hasta cierto punto puede comprenderse formalmente dado que hay jurisprudencia constitucional en el que se vincula el acta de concejal con el elector que resulta ser el único que podría revocarla en un sistema representativo como es el nuestro, y eso sólo es posible mediante unas nuevas elecciones.


Pero es indefendible, desde todas las formas, éticas y formales, la existencia de tránsfugas o diputados no adscritos en las diputaciones provinciales. Como bien es sabido los diputados provinciales no son elegidos por sufragio universal libre, igual, directo y secreto del conjunto del censo electoral. Los diputados provinciales, en virtud del art. 206 de la Ley Electoral General los eligen los concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, que hayan obtenido puestos de diputados en cada partido judicial en función de los votos obtenidos por las formaciones políticas. Es una elección indirecta que a mayor abundamiento suelen intervenir en su elección las cúpulas de los partidos.


En definitiva, al Sr. Sepulcre lo eligieron los concejales y concejalas del partido Ciudadanos y del partido judicial de Alicante. En ningún caso fue elegido por los ciudadanos y ciudadanas de esta circunscripción y por supuesto ni del conjunto de la provincia de Alicante.


Sepulcre era candidato al Ayuntamiento de Alicante no para ser diputado provincial, bien lo saben en su partido. Por lo tanto, con quien debería rendir cuentas el Sr. Sepulcre o cualquier diputado provincial es con quien los eligió, que no fueron otros que los concejales y concejalas pertenecientes a Ciudadanos y de su partido judicial.


Ni Sepulcre ni su abogado defensor, el Sr. Castillo, tienen argumentos de legitimidad democrática para defender el estatus quo en la Diputación, por lo que esta situación será un verdadero lastre en cada una de las decisiones que se adopten en esta administración.


Que nadie se equivoque con Ciudadanos en la Diputación, no cambiarían mucho las cosas, seguiría gobernando la derecha en la provincia, seguirían boicoteando a los gobiernos del cambio y a la Generalitat y por supuesto seguirían vetando a Compromís. Pero lo que es de justicia es de justicia, y lo que han hecho sus hermanos ideológicos del PP en Alicante es muy grave. Favorecer la posición del Sr. Sepulcre para mantenerse como diputado, dejando sin representación legítima a Ciudadanos que la obtuvo en las urnas, es inaceptable para los demócratas sean del color político que sean. Y por cierto, ¿quiénes son ahora los antisistema, el democrático me refiero, señores de Ciudadanos?


Es urgente, y mientras persistan las instituciones provinciales, cambiar la ley electoral para evitar la existencia de diputados no adscritos y de tránsfugas en las instituciones provinciales dando la posibilidad de que los concejales del partido que elige al diputado tengan en todo momento la capacidad de revocarlo. Razones de índole democrático lo exigen.


Aunque realmente lo que tocaría sería una profunda reforma institucional para que los ayuntamientos dejasen de tener intermediarios que decidiesen por ellos, la política en sus pueblos, a través de subvenciones condicionadas, como es el caso de los diputados y diputadas provinciales. Son los concejales y concejalas de cada uno de los municipios de este país los que sí rinden cuentas diariamente ante sus vecinos, en cada una de sus calles y plazas y en sus propios ayuntamientos y además cada cuatro años en las urnas.

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