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Una dilación incomprensible

¿Cuánto tiempo se tarda en determinar si el expediente administrativo para la modificación de la obra de una plaza es conforme a ley? Andrés Llorens fue vicealcalde de Alicante. En su momento, era el mejor cartel electoral que el PP tenía para liderar su lista si Castedo caía. Pero su imputación en el llamado «caso Magallanes» cargó de plomo sus alas, hasta llevarle finalmente a ser excluido de la candidatura por su propio partido. La denuncia la presentó en 2009 la entonces concejal socialista Carmen Sánchez Brufal y los indicios de delito se apreciaron en 2010. La investigación consistió básicamente en revisar la documentación y en la toma de declaración del político, los funcionarios, un empresario y unos vecinos. Sólo eso. Se han necesitado, pues, siete años para dictar sentencia en un caso aparentemente poco complejo. El fallo ha sido absolutorio, pero ahora ya da igual. Cuando la Justicia trabaja a ese ritmo resulta injusta para las personas. Pero, sobre todo, lesiona el interés público. Porque los ciudadanos tienen derecho a que cualquier duda sobre el comportamiento de quienes les gobiernan se resuelva en un plazo razonable. Y, desde luego, no parece que este haya sido el caso.

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