Vuelve a surgir la propuesta de regular los clubs de fumadores de cannabis. En esta ocasión, la moción que la próxima semana debatirá el Pleno del Ayuntamiento de Alicante tiene visos de prosperar. Y, sinceramente, no veo nada malo en ello si se hace con cordura. Hubiera preferido que la Generalitat se mojara pero, una vez más, ni está ni se le espera. Quienes andamos en esta historia de las drogas desde hace algunas décadas, nos hemos habituado a aprovechar cualquier oportunidad para tratar un asunto tan grave como mal atendido. Al fin y al cabo, lo importante es que se hable del tema, siempre que el debate no se limite a uno de los aspectos colaterales del problema.
Durante demasiado tiempo se han priorizado las estrategias punitivas a la hora de afrontar el enorme daño que produce el consumo de drogas. Se han dedicado más esfuerzos a reducir la oferta que a universalizar la prevención y la asistencia. Esta es una realidad que hay que superar. Ahora bien, no todo vale. Me preocupa que este resucitado interés acabe por centrarse únicamente en el derecho del consumidor -que debe respetarse-, pero sigamos sin reforzar el compromiso para evitar o, en su caso, solucionar el problema de salud que implica. Independientemente del derecho a consumir, es evidente que el cannabis es nocivo. Podremos incluso considerar si debe dejar de ser una sustancia ilegal -ese es otro tema- pero nunca aceptar que se trate de una sustancia inocua.
Decía que, a priori, regularizar los clubs de fumadores de cannabis no es tan mala idea. Muy al contrario, me parece una medida oportuna y necesaria. Otra cosa es el discurso que, de forma implícita, puede deslizarse bajo este tipo de propuestas. De entrada, se genera confusión -desconozco si por desinformación o malevolencia- al hablar de un consumo supuestamente criminalizado, cuando en absoluto es así. No olvidemos que no existe legislación nacional alguna tan permisiva con el uso de drogas como la española. Y es que, como no podría ser de otra manera, en este país nadie acaba en la cárcel por utilizar este tipo de sustancias. Cosa bien distinta es cuando se comercializa con ellas, conscientes del perjuicio que se produce en una sociedad en la que el 4 % de sus adolescentes es adicto al cannabis desde edades tempranas.
Cada uno puede hacer con su vida lo que le venga en gana. Así pues, respetar el derecho a consumir cannabis, alcohol o morcillas de Burgos parece obligado. Hasta aquí, todo conforme. Pero esta moneda tiene otra cara. Agradecería que quienes vayan a apoyar esta medida acompañaran su voto de un modesto ejercicio de pedagogía social. Deben aceptar que, aun siendo aconsejable hacerlo, van a regular un derecho que conlleva un daño individual y social. Por lo tanto, cuando argumenten la defensa de la moción resultaría sensato posicionarse claramente en contra del consumo, que no del consumidor. Del mismo modo que reconocer públicamente los riesgos del cannabis, haciendo mención a ese 30 % de brotes psicóticos que se le atribuyen en este país o, simplemente, al deterioro cognitivo que genera en los adolescentes.
Me inquieta el discurso. No ya el de la banalización sino, aún peor, el de la exaltación de los pretendidos efectos beneficiosos del cannabis. Acepto que un político defienda los intereses del colectivo que considere más oportuno. Sin embargo, defender los derechos del consumidor no justifica que se desvirtúe la realidad; menos aún, la evidencia científica. Y esto es, ni más ni menos, lo que caracteriza a muchos de quienes abogan por este tipo de medidas.
Ya es hora de dejar de recurrir a ciertas barbaridades que alientan la confusión. Ni el cannabis ni ninguno de sus derivados ha curado, hasta la fecha, cáncer alguno. Tanta evidencia hay de ello como de la utilidad de sus antagonistas, esas otras sustancias que anulan el efecto de esta droga. Tampoco han sido la solución para el SIDA ni para la esclerosis múltiple. Seguir utilizando estos argumentos evidencia una mala fe impropia de quienes debieran velar por la sociedad a la que representan. Y, en concreto, por los colectivos más vulnerables. Porque favorecer el consumo de drogas -y esta desinformación interesada lo hace- afecta especialmente a quienes más necesidades presentan.
Llama la atención que algunos sigan justificándose con las pretendidas virtudes milagrosas del cannabis. En Journal of the National Comprehensive Cancer Network, una de las revistas de mayor prestigio entre los especialistas del cáncer, se acaba de publicar una interesante revisión que vuelve a dejar en entredicho a tanto charlatán. Ni existe evidencia científica alguna de beneficio ni, en los escasos estudios realizados con un mínimo de rigor, se ha demostrado que determinados principios activos contenidos en el cannabis sean más eficaces que otros fármacos más seguros.
No es cuestión de que el político de turno esté al día de la actualidad científica pero sí de que, al menos, no se aproveche del desconocimiento general. Tal es la desfachatez de determinados personajes, que llegan a afirmar que los médicos aconsejan a sus pacientes que compren cannabis en el mercado negro. Ni en el negro ni en el blanco, que existir existe. Lo que un médico podrá recomendar es un tratamiento con determinados principios activos contenidos en el cannabis, difícilmente su consumo fumado.
Tan grave es el desconocimiento -insisto, o la malicia- que se considera por igual el cannabis en su totalidad que los distintos alcaloides que contiene, independientemente de que estos sean beneficiosos o perjudiciales para la salud. Que no es lo mismo el cannabidiol -de uso terapéutico y no psicoactivo- que el THC al que se debe el colocón que pueda ofrecernos un canuto. La burrada es de tal calibre como considerar que fumar tabaco es saludable, por el hecho de que la nicotina pueda estimular nuestro cerebro.
Y, puestos a determinar competencias -que es lo que alegan desde Guanyar para presentar su moción-, recuerden que la prevención comunitaria también es una competencia municipal. Una competencia que, por cierto, cada vez está más abandonada. Desearía, cuando menos, que se manifestara el mismo interés en prevenir el consumo de cannabis que en regular los clubs de quienes lo utilizan.
Bastaría con ese ejercicio de pedagogía social al que me refería. Simplemente decir la verdad, sin tapujos pero también sin mentiras. Porque el derecho a decidir sobre la propia vida no está reñido con la defensa de la salud de los demás.
