Varias sentencias de los juzgados de Primera Instancia y audiencias provinciales de Alicante y Valencia han anulado los contratos de compraventa de cuotas participativas de la CAM por considerar que estos contratos fueron un engaño civil, pues sólo pretendían aumentar recursos propios y la CAM lo hizo aprovechándose de sus clientes, sin informarles de sus riesgos, siendo productos totalmente inadecuados para dichos clientes (unos 50.000) con un alto porcentaje de avanzada edad, pensionistas y con un perfil ahorrador conservador que en ningún caso querían asumir riesgos financieros. El problema consiste en saber quién debe hacerse cargo del pago de dichas cuotas participativas.

Al poco de la suscripción de estas cuotas, la CAM fue intervenida por el Banco de España y creó, con toda la actividad financiera de la CAM, al Banco CAM que fue puesto a flote por una ayuda de 5.249 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos. Una vez saneado este Banco CAM se adjudicó al banco Sabadell por el precio de un euro, con la garantía del Estado de responder si tuviera pérdidas durante diez años.

El 8 de diciembre de 2012, la CAM y sucesor Banco CAM dejaron de existir oficialmente y dados de baja en el Registro de Entidades del Banco de España, al quedar plenamente integrada en Banco Sabadell. Como este banco no quiso hacerse cargo de la obra social de la CAM, pues decía que tenía su propia obra social, se tuvo que crear el 9 de abril de 2014 la Fundación Caja Mediterráneo, con la ficción de que la antigua CAM quedaba transformada automáticamente en esta fundación. Pero la Fundación CAM es una entidad con personalidad jurídica propia e independiente, cuyo único objeto era el interés social y cultural y sin ánimo de lucro, lo que nada tiene que ver con el negocio financiero de la CAM. Pero no la han entendido así los magistrados de las salas civiles de la Audiencia Provincial de Alicante, por acuerdo no jurisdiccional, determinan que la Fundación no representa la obra social de la entidad CAM sino a la CAM en su conjunto, por lo que debe responder del pago de las citadas cuotas.

Es decir, los 5.249 millones de euros que pusimos todos los españoles para la CAM sólo eran para sanear su negocio financiero no su obra social, que se nutría no sólo de los ingresos de la CAM sino de muchos donantes; así que ahora su hemeroteca, sus bibliotecas, sus cuadros y obras de arte, locales, aulas, salones de exposiciones, propiedad de una entidad que no puede tener ánimo de lucro ni hacer negocios financieros, debe responder de las irregularidades financieras de la antigua CAM. Y no se ha devuelto ni un euro de los miles de millones de ayuda financiera, a pesar de que ha obtenido ganancias suficientes el Banco de Sabadell para comprar un banco inglés.

No sé si la solución jurídica acordada por la audiencia alicantina es adecuada o no a Derecho, pero los resultados pueden ser un engendro social, político y aun moral. No sólo destruyeron entre todos nuestra entidad financiera, sino que ahora quieren saquear nuestra obra social y cultural alicantina. Debe movilizarse la sociedad alicantina para que esto no suceda.