La dura negociación con el Ministerio de Hacienda del Plan de Ajuste y del Plan Económico-Financiero 2016-2017 ha servido para que el Gobierno de Rajoy se descare y muestre a las claras cuál es su programa oculto para la Comunitat Valenciana: Seguir negando la financiación a los valencianos. Es lo que se desprende, y no otra cosa, de la caída en los citados planes financieros como «previsión de ingresos» al cierre de este año de los 1.325 millones de mejora de la financiación autonómica que reivindica la Generalitat y que con ese fin incluyó en los presupuestos autonómicos aprobados por las Corts. Vaya por delante que esa reivindicación se mantiene inalterable y, si cabe, más firme, a la espera de la conformación del futuro Gobierno. A ese nuevo Ejecutivo se dirigirá la Generalitat para exigirle que ponga fin a una discriminación crónica que acarrea, y es lo grave, un déficit de oportunidades y de bienestar para nuestros hijos, para nuestras empresas, para los desempleados. Un déficit que supone que los valencianos sigan tratados por el Gobierno de Rajoy como españoles de segunda. No lo toleraremos.

Tan firme sigue la reivindicación de los 1.325 millones que en el propio Plan Económico-Financiero avalado por el ministerio se refleja, negro sobre blanco, esa reclamación que, cito textualmente, es «consecuencia de la infrafinanciación crónica que padece la Comunitat Valenciana» y cuya inclusión «obedece a la necesidad de mantener un nivel de gasto suficiente para atender las obligaciones básicas derivadas de la prestación de los servicios públicos fundamentales» con el fin de garantizar a los valencianos «las mismas oportunidades que al resto de españoles». «En este marco, y puesto que aún nos encontramos en el primer semestre del ejercicio, es una prioridad para la Generalitat Valenciana la negociación y aprobación de un nuevo sistema de financiación que recoja las demandas de la Generalitat antes del 31 de diciembre de 2016, con efectos como mínimo desde el 1 de enero de 2016», se señala en el PEF.

No hay duda, pues, de la posición de la Generalitat, trasladada en el plan remitido al Gobierno. Cuestión distinta es el cuadro que, por trimestres, refleja la previsión de ingresos de la Generalitat. Es la anotación contable de la evolución hasta final de año. Ahí se modifican al alza o a la baja, en función de la marcha del ejercicio o de la economía, las previsiones que se recogieron en los Presupuestos. Se hace sobre la base de los datos ciertos conocidos hasta la fecha, no a partir de proyecciones. Al llegar a la línea de la mejora de la financiación autonómica, dotada en presupuestos con 1.325 millones -que, no se olvide, es lo que pierden anualmente los valencianos por la infrafinanciación- la casilla aparece con un cero. ¿A qué se debe ello? La explicación es tan sencilla como que el Gobierno central, que es quien tiene que realizar esa transferencia a la Generalitat, ha comunicado al Consell que no piensa hacerlo. Que no va a mejorar la financiación de los valencianos de aquí a final de año a través de la reforma del sistema de financiación ni tampoco, si no diera tiempo, con una aportación extraordinaria para paliar entre tanto la situación. El Ejecutivo de Rajoy, como el rey desnudo, deja al descubierto las vergüenzas de su falta de inversiones y respaldo económico a los valencianos, incumpliendo sus promesas de mejora de la financiación en la campaña electoral de 2011, en las autonómicas de 2015 y en las generales.

Y, lo que es más grave, lo hace a pesar de que por medio iba a haber otras elecciones y, en consecuencia, ni siquiera estaba en posición de saber si va a seguir en la Moncloa. El problema es que, sencillamente, la Comunitat Valenciana no está en la agenda del Gobierno Rajoy. Por eso es el ministerio el que traslada reiteradamente que en ese cuadro de «previsión de ingresos» hay que anotar cero euros. Porque es el ministerio, en la práctica, quien ha de rellenar la casilla con la mejora de la financiación. Y su respuesta, insisto, es cero. Añadió además que si los planes se remitían sin ese cero no se aceptarían, y se mantendrían bloqueados 1.500 millones de FLA, con el consiguiente sufrimiento causado a miles de proveedores y pymes. Un chantaje en toda regla.

Nuestra respuesta ha sido contundente: Si el Gobierno no transfiere esos 1.325 millones, la Comunitat Valenciana no cumplirá con el objetivo de déficit. Que quede bien claro. Acabaremos 2016 en torno al 1,6%, una cifra, por cierto, muy inferior al 2,49% y 2,51% de 2014 y 2015. Porque la dignidad de los servicios básicos de los valencianos está por encima de todo. Los 1.325 millones son necesidades de gasto de los valencianos que no son nada ficticias. Son muy reales y se traducen en camas hospitalarias, colegios, ayudas para los desempleados o atención social. Ahí no va a haber recorte alguno. Y es que se trata de mantener el nivel de gasto de 2015, por debajo de la media de las autonomías. De forma que, si no hay cambio del modelo o aportación extra, simplemente el déficit será mayor y tendrá que haber FLA. Es el círculo vicioso y perverso al que nos lleva el Gobierno con su política hacia las autonomías.