El pasado martes 5 de julio, justo el mismo día en que se cumplía el sexto año de vigencia de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (LOSRIVE), la guardia civil detuvo a una pareja de Aspe por un presunto delito de aborto ilegal. Al parecer, la mujer había ingerido píldoras de hormonas para interrumpir el embarazo. Ignoro más detalles del caso, pero está claro que desde su reconocimiento legal, el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo no es precisamente de fácil ejercicio. Más bien al contrario. Las resistencias a que seamos dueñas de nuestros cuerpos cuando el único interés en juego somos nosotras mismas son enormes, a diferencia de lo que sucede con la prostitución, la donación de óvulos o el alquiler de vientres. Pero lo que pasma es la pasividad en la defensa de nuestro derecho ante un ataque incesante que va ganando terreno.

Hace poco más de un mes, el Ministerio del Interior del gobierno español (ese cuyo titular, miembro supernumerario del OpusDei, debiera haber dimitido ya) ha revocado la declaración de utilidad pública que había concedido semanas antes a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), dedicada a la educación sexual y al acceso a métodos anticonceptivos eficaces y seguros como estrategias de prevención de los embarazos no deseados. La decisión es el resultado de un recurso interpuesto por la Asociación Española de Abogados Cristianos, que parece haber culminado así con éxito una campaña que pretendía impedir que la FPFE pudiera recibir subvenciones públicas para desarrollar sus actividades de defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Parece una ironía, pero la citada campaña, titulada cínicamente «Paremos este fraude contra la mujer», que se identificaba con el hastag ##StopSubvencionesAborto, se inició (con la presencia de Mayor Oreja, promotor de una ley europea contra el aborto) el pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres ¿Acaso no es violencia impedir que una mujer decida sobre su propia vida?

La LOSRIVE ya fue «recortada» para las jóvenes por el rodillo parlamentario del PP el pasado septiembre, con consecuencias nefastas para muchas de ellas, como ha quedado patente en la Comunidad de Madrid. Y en julio de 2015 el Tribunal Constitucional reconoció, sorprendentemente, el derecho a la objeción de conciencia a un farmacéutico que se negó a dispensar la píldora poscoital. En su voto particular discrepante, la magistrada Adela Asúa manifestó su preocupación y consternación por la aprobación de esta sentencia ya que «parece responder a un posicionamiento previo que no logra ocultar la sombra ideológica que le guía». El ponente de esta sentencia fue Ollero (numerario del Opus Dei), el mismo que será ponente del recurso de inconstitucionalidad pendiente sobre la LOSRIVE ¿No es preocupante?