El debate entre cuatro de hace unos días me dejó un sabor ácido, una inquietud que se ha incrementado y con ello mi desconfianza en algunos de los candidatos. Junto a la propaganda y el uso demagógico de la palabra, se deslizan a veces opiniones que descubren mucho más de lo que en apariencia se dice. Y ahí está el problema, pues los silencios, junto a las frases estudiadas y las espontáneas incontroladas explican la ausencia de personalidad definida y de convicciones sólidas o, en otros casos, de tendencias refrenadas pero que tienen urgencia en manifestarse. Mucho ánimo inquisitivo rezuman algunos, tanto que dan un poco de miedo. Porque no se trata ya de alguna medida concreta, sino de una visión del mundo autoritaria, fanática y excluyente la que parece haber venido para quedarse y cada vez más elaborada. Y es que está de moda el extremismo irracional, aunque disfrazado de razones éticas universales.
Varios fueron los asuntos, en el ámbito del derecho, que maltrataron estos orgullosos aprendices destacados de Torquemada. Bajo el amparo de la corrupción, que sirve para todo y que a nadie interesa de verdad más allá de su uso en beneficio propio, van imponiendo poco a poco un retroceso de las libertades que se extiende a la totalidad de la vida. Se consigue con ello el objetivo del control social. No es el individuo, sino la masa lo esencial. No son los valores personales importantes si éstos no se diluyen en uno general inconcreto, pero definido por el Poder. No entiendo cómo la llamada generación mejor preparada de España denota tanta falta de conocimiento y de referentes históricos y permite esta deriva impropia de sociedades cultas.
Podemos no tiene claro algo tan elemental como la división de poderes y la independencia judicial, no lo acaban de comprender, tal vez porque es un principio liberal de escaso recorrido en regímenes totalitarios, incluidos los comunistas llamados reales. De ahí que pidan que la investigación procesal sea dirigida por la policía y que ésta, durante el curso de las actuaciones, no tenga que ofrecer explicación alguna de sus actos y de los resultados. Seguramente, porque esperan asegurarse el control total de esa policía que actuará como contrapeso de la independencia judicial. Y de ahí que Monedero afirme que los jueces, hoy, están sujetos a las órdenes del Gobierno para la detención de los presuntos corruptos. Quien cree que esto es posible es porque en el fondo lo aprecia como necesario. Esta propuesta es mucho más profunda de lo que aparenta y sí, me causa auténtico pavor.
Todos los aspirantes quieren suprimir la norma que limita la duración de la instrucción, que pone coto a sumarios que se prolongan años y años. Ignoran que este tipo de reglas existe en todos los países democráticos e incluso, en el caso del PSOE, que sus propuestas de reforma legales formuladas cuando gobernaban, recogían exigencias idénticas. Ignoran, porque no se han informado, que esta limitación no se refiere solo a la corrupción, sino a la inmensa mayoría de ciudadanos que se ven sometidos, en muchos juzgados, por desinterés político en la Justicia, a procesos dilatados durante años. E ignoran o silencian que ningún caso de corrupción ha sido archivado por causa de esta regla y, lo que es más evidente, que la ley no establece plazos estrictos, de modo que, siendo el de tres años el ordinario en las causas complejas -que ya es importante-, se puede ampliar por el tiempo necesario, sin que la ley lo establezca, pero eso sí, motivadamente, explicando las razones de esa dilación excepcional. Ignoran que muchos procesos se dilatan porque no se investigan delitos, sino sospechas subjetivas, meras especulaciones con base simplemente mediática. E ignoran que muchos se mantienen en el tiempo por simple desidia de quienes debieran impulsarlos ante la ausencia de topes. Y, lo más grave, que esa duración misma es a veces lo pretendido y buscado, no la resolución de fondo.
Todos pedían la dimisión de políticos imputados -un mantra que ha calado en la sociedad aunque nadie sepa qué es un imputado y para qué se imputa-, una vez abierto el juicio oral, pero parece ser que solo para los suyos, pues a la vez siguen exigiendo la dimisión de los adversarios incluso antes de la primera imputación. Grosera interpretación ésta de sus propias normas.
Y, en fin, Rivera se excedió tanto que perdió el control, lo que resulta intolerable en quien es jurista. Porque, pedir el fin de los llamados aforamientos justificando esa medida en una pretendida falta de imparcialidad de los máximos tribunales y calificar al Tribunal Supremo de no independiente, es un exceso, un grave exceso que Rivera debe evitar previa reflexión mesurada de sus propuestas. Una cosa es que los magistrados del Tribunal Supremo sean designados por el Consejo General del Poder Judicial, por cierto no de forma discrecional y menos, arbitraria y otra que este tribunal no sea independiente. Falta le haría ver su composición y más leer sus resoluciones.
