Despotismo democrático

19.06.2016 | 05:59
Despotismo democrático
Despotismo democrático

Forma parte de los tópicos del sentido común político que los vencedores en unas elecciones, o en las alianzas consiguientes, cuentan con el periodo correspondiente para gobernar los asuntos comunes según el programa o el pacto que resultó ganador. A los perdedores no les queda más consuelo que saber que no es para siempre y que tras un cierto tiempo, cuatro años si no pueden evitarlo, podrán volver a intentar ganar. Ya digo que es elemental sentido común, y sin embargo, si no se matiza puede conducirnos a formas de despotismo encubierto, a las que somos particularmente propensos.

De entrada, de lo anterior se sigue que quienes están en el ejercicio del poder pueden no tener en cuenta a los perdedores, de ordinario cerca de la mitad de la población, y que esa exclusión del punto de vista de la otra mitad formaría parte de los hábitos perfecta y legítimamente democráticos. El asunto puede ir mucho más allá, por supuesto, y no solo no tener en cuenta su opinión, sino lesionar más o menos gravemente sus orientaciones morales y culturales, empeorar significativamente sus condiciones económicas, y restringir o dificultar seriamente las libertades que tienen por principales. Todo lo cual puede hacerse en una u otra dirección ideológica, incluso en ambas si bien en periodos alternativos, y supuestamente bajo la legitimidad democrática de la victoria electoral.

El resultado desde el punto de vista de los hábitos cívicos y sociales es un sistema democrático habitado por pequeños déspotas resignados a las limitaciones democráticas de su poder. Pero la democracia no es solo un conjunto de sistemas de limitaciones del poder logrado mediante mayorías, sino una cultura política sin la cual implosionará por falta de sustrato social. Y de esa cultura política forma parte fundamental el hábito de contar con los perdedores, de tener en cuenta sus posiciones y las de las minorías, de respetar la forma sustancial de sus concepciones de la vida y no asfixiar sus libertades ni política ni económicamente.

Gobernar un estado o una comunidad sin contar con los límites que hacen habitable el país a los conciudadanos discrepantes que resultaron vencidos electoralmente, no solo implica la más elemental falta de sentido democrático, sino la transformación moral del poder en un abuso alevoso por más legitimidad formal que lo ampare, y sin más atenuante que la limitación temporal de su ejercicio. No es poco, desde luego, resignarse a perder el poder si la mayoría lo prefiere, pero no es suficiente para convertir la democracia en un hábito político y cultural.

No es lo mismo una democracia formal que una democracia arraigada en los hábitos cívicos y políticos de los ciudadanos: lo primero no exige tener en cuenta a los discrepantes, y más bien se utiliza como coartada para no hacerlo; lo segundo incorpora como elemento de moderación del ejercicio del poder y de las propias posiciones los límites aceptables por los perdedores.

Se alegará que con semejante automoderación la política se convertiría en un espacio de logros siempre parciales, menores de los deseados y posibles, insatisfactorios y decepcionantes, y que el Cielo nunca quedaría a la distancia del asalto, o que el reino de Dios en este mundo quedaría siempre más lejos de lo posible. Y en efecto, eso es exactamente lo que ocurriría: que habría que renunciar a «ir matando canallas con cañón de futuro», es decir, a conseguir un Cielo que sería el Infierno para la otra mitad.

No es que hubiera que renunciar a las distintas concepciones del bien común, es que en atención a los discrepantes habría que renunciar a su objetivación política, y reubicar su plena realización en asociaciones culturales y cívicas, en movimientos sociales e instituciones educativas o económicas, y en la amistad, que es la auténtica sede social en la que los hombres comparten plenamente sus formas de vida y concepciones del mundo. Y para eso no se requiere que el Estado prohíba lo que según el propio juicio no debe hacerse, ni que lo favorezca, basta con que permita vivir en paz y libertad según diversas concepciones y procurando la prosperidad general. Es decir, habría que desactivar los mutuos y antagónicos maximalismos de la realización del bien común en política.

De hecho, la conmensurabilidad entre política y bien común surgió en el contexto de las ciudades griegas en las que la ciudadanía era todavía asimilable a la amistad. Y se perpetuó por la asimilación entre la condición de fiel de la Iglesia y ciudadano romano, y de fiel y súbdito de los reyes medievales primero y de los absolutos después. Esa asimilación entre la religión y el Estado tuvo entre nosotros su variante más tardía: el nacional-catolicismo; y su gemelo antagónico no menos tardío y más actual: el antinacional-catolicismo. Los partidarios del primero se creyeron, y los del segundo todavía se creen en la obligación de hacerle el bien a todos los que no están de acuerdo con ellos.

Y es que la asimilación Iglesia-Estado había tenido una variante secularizada que fue el Estado socialista, no menos –sino más– totalitario y que prometía conseguir el paraíso matando canallas. Ambos movimientos están debajo de la inevitabilidad ideológica de nuestra Guerra Civil, y han hecho de nosotros una país con inusitada densidad de mata herejes y mata curas, «canallas» unos u otros según se mire, que se perpetúan hasta hoy en linajes mutantes, y que, según propongo, alientan nuestra concepción tan poco democrática de la democracia.

Es preciso que no confundamos entre victorias por mayoría y la autorización maximalista para objetivar la propia concepción de la ética, la vida o el bien común imponiéndoselo a los demás. La irreductible pluralidad de las visiones morales e ideológicas, no ya diversas sino antagónicas, que caracterizan a las sociedades desarrolladas, deberían animar a todas las partes a no abusar de sus victorias circunstanciales, y a exigir la moderación y las renuncias ajenas a partir de las propias.

Como ya advirtió Octavio Paz, nuestra filantropía puede convertirse en la caricia de un ogro si la revestimos de la supuesta legitimidad democrática para conducirse como si los vencidos fueran también los malos. Muy propio nuestro.

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