Después de las concurridas, sonoras y multicolores movilizaciones de la escuela de iniciativa social en el mes de mayo, en las plazas de Alcoy (5), Alicante (10), Orihuela (19) y Valencia (22) y en junio en Elche el 8, bien podríamos hablar de una primavera educativa en la escuela concertada. Quería reflexionar en estas líneas, ya con más calma, y apoyándome en la reciente sentencia nº 1.180/2016 del Tribunal Supremo, sobre los motivos que nos han llevado a esa oleada reivindicativa sin precedentes en la enseñanza concertada en la Comunitat Valenciana y algunas consecuencias de las mismas.
Lo primero que cabe señalar es que cualquiera que haya asistido a las concentraciones habrá podido constatar que en la escuela de iniciativa social hay mucha diversidad. Estaban mezclados los colegios situados en barrios más desfavorecidos con los más clásicos, los más grandes con los más pequeños, laicos y cooperativas con religiosos, colegios de educación diferenciada, centros CAES y academias de Formación Profesional. Estaban aquellos a los que se les habían suprimido unidades con aquellos a los que no se les habían dado las nuevas que pedían. Y todos los que sienten que hay que unirse ya preventivamente, porque el año que viene es el año de la renovación de conciertos de Infantil, ESO, Bachillerato y FP, y si este año han asomado la patita blanca como en el cuento de caperucita, el próximo?
Estaban padres y alumnos (también emigrantes), personal de administración y servicios con profesores y titulares. Las familias que eligen la concertada y los profesionales que les atienden. Y la realidad es la que se ve, no la que se lanza desde unos eslóganes prefabricados (escuela segregadora, elitista, no democrática, etcétera) y los voceros que las repiten a machamartillo y que bien se han esforzado en deshinchar las concentraciones o bochar propuestas de «recolzament» de la enseñanza de iniciativa social en el Consejo Escolar alicantino, por ejemplo. Los delegados y afiliados que les quedan en la concertada no pueden entender esta actitud.
Lo que se vio es una muestra significativa del 30% de la enseñanza de la Comunitat Valenciana. Y este es el primer elemento para reflexionar. Muy mal han de ver las cosas para concentrarse masiva y conjuntamente, pese a sus diferencias socioeconómicas, y pese a la consabida tranquilidad del sector. Una vez más se constata que la defensa de la libertad aúna a los que la consideran como un valor esencial de la pervivencia de la democracia, cuando ésta se ve en peligro mediante la imposición de un sistema educativo con un tufo totalitario.
Pero claro, hay varios elementos que han contribuido a este clima de preocupación. Por una parte, las declaraciones del señor Marzà, que claramente ha catalogado a la escuela concertada como subsidiaria (subcontratada) de la pública, y que piensa que la libertad de elección de centro solo existe para elegir centros públicos. Sirvan de muestra las palabras del 7 de mayo en Xàtiva: «No es libertad poder elegir un centro concertado, porque el Estado no tiene por qué pagarle a cada padre el tipo de centro que desee», «aunque los centros públicos no lleguen a la ratio, no se pueden cerrar porque son nuestra casa mientras que los concertados son casas de alquiler», «no tiene sentido concertarlo -el bachillerato- cuando no es obligatorio y tiene cabida en la red pública», o las que se han publicado en este periódico en una extensa entrevista.
Bien haría el señor Marzà en leer con atención la sentencia antes mencionada del Tribunal Supremo 1.180/2016 (a instancias de FSIE), que dará pie a los correspondientes recursos de aquellos centros que así lo estimen oportuno que señala claramente que no se puede suprimir o denegar el concierto a una unidad que acredite tener demanda o escolarización que cumpla con la ratio fijada oficialmente.
Esa sentencia del Supremo también es un duro varapalo a la concepción educativa sectaria de esta Conselleria, que concibe la escuela de Iniciativa Social como subsidiaria. El alto tribunal recuerda que el sistema educativo español es dual: «La LODE de 1985 y la LOE de 2006 establecen un régimen dual para la prestación del servicio educativo, en lo relativo a la enseñanza obligatoria y gratuita. Es decir, el sistema pivota sobre dos ejes, la enseñanza privada concertada y la enseñanza pública».
¿Pero qué pasa con el PSOE, el padre del actual sistema dual, el padre de los conciertos? Habrá que preguntarle por qué ha repudiado al modelo, a su hijo, dejándolo en manos de una niñera sin escrúpulos, a la que ha contratado porque no le quedaba otro remedio para obtener «sillones». Renuncia a un modelo educativo que ha permitido que los padres ejerciten su derecho constitucional de elección de centro educativo, enriqueciendo la pluralidad de la oferta educativa. Un modelo complementario y enriquecedor. Un modelo que además es eficiente y ahorra dinero a las arcas públicas (según la auditoría del Síndic de Comptes al respecto -años 2009 al 2013-en infantil y primaria, el coste estándar por alumno es entre un 19,2% a un 31,5% menor en la concertada). ¿Por qué, señor Puig?
